Ministro de
Desarrollo Social.
El
segundo semestre de 2016, en el marco del proceso impulsado por el gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet para dotar al país de una nueva Constitución,
legítima y elaborada íntegramente en democracia, se realizó el Proceso Participativo
Constituyente Indígena. En él participaron más de 17.000 representantes de
comunidades y organizaciones indígenas, los que expresaron sus demandas y
puntos de vista sobre los derechos que debiera contemplar la nueva Carta
Fundamental respecto a los nueve pueblos originarios.
Después
de sistematizar los resultados, y en cumplimiento de las obligaciones que
derivan del Convenio 169 de la OIT, lo que corresponde ahora es desarrollar un
Proceso de Consulta Nacional, que se estructurará en dos grandes ejes: el
reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos
políticos.
El
primer eje contempla el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos
indígenas que habitan el territorio; el reconocimiento y protección de sus
derechos culturales y lingüísticos; el deber del Estado de preservar la
diversidad cultural del país; y el reconocimiento de los derechos territoriales
de los pueblos, entre otros aspectos fundamentales.
El
segundo eje contempla el reconocimiento de la participación y la representación
política especial de los pueblos indígenas en instancias de representación
política, tales como el Congreso Nacional.
Resalta
entonces el carácter histórico y la importancia de este Proceso de Consulta
Nacional. En él
pueden participar todas las
comunidades y asociaciones constituidas bajo el marco de la Ley Indígena N°
19.253, correspondientes a los nueve pueblos reconocidos por esta
normativa: Aymara, Quechua,
Atacameño, Colla, Diaguita, Rapa Nui, Mapuche, Yagán y Kaweskar. También
están convocadas las demás organizaciones tradicionales de dichos pueblos.
Toda
la información relevante sobre cómo participar está contenida en el siguiente
enlace: http://www.constituyenteindigena.cl
Un Chile más justo e inclusivo debe
forjarse desde sus cimientos institucionales, y ello implica consagrar los
derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los pueblos indígenas
en la nueva Constitución.