Un fiscal del
Ministerio Público y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile
(PDI) registraron hoy las dependencias de los obispados de Temuco y Villarrica,
en la sureña región de La Araucanía, en el marco de las denuncias de presuntos
abusos sexuales por parte de sacerdotes.
La diligencia fue
encabezada por Ítalo Ortega, quien está a cargo de la investigación contra
religiosos de la región situada a unos 650 kilómetros al sur de Santiago, por
abuso sexual infantil.
El registro
obedece a la negativa de los obispados de Temuco y Villarrica a entregar los
antecedentes con los que contaban y que fueron solicitados por la Fiscalía.
Los sacerdotes
investigados de oficio por el Ministerio Público son Pablo Isler Venegas, Juan
Mercado Elgueta y José Bastías Ñanco, todos de Temuco, y Mardoqueo Valenzuela,
de la vecina localidad de Ángol.
A ellos se suma el
presbítero Belisario Valdebenito Erices de Villarrica, quien también es
investigado por denuncias de presuntos abusos sexuales.
En la ciudad de
Temuco, funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI allanaron
primero las oficinas del vicario general de la Diócesis San José de Temuco,
Giglio Linfati, donde se incautaron de carpetas con documentos y un ordenador y
más tarde hicieron lo propio en las oficinas del obispado de Villarrica.
Estos registros de
los obispados de Temuco y Villarrica se suman al practicado por la Fiscalía el
pasado 13 de junio en el Tribunal Eclesiástico de Santiago.
Ese mismo día
también se desarrollaron diligencias en el obispado de Rancagua, hasta donde
llegaron agentes de Carabineros y el fiscal Sergio Pérez con una orden de
entrada y registro emitida por el Tribunal de Garantía de la localidad de
Pichilemu, que investiga las denuncias contra los curas de la zona, según
fuentes de la Fiscalía.
Esta nueva
operación de la PDI y la Fiscalía se da el mismo día que la Justicia chilena
decretó prisión preventiva para el sacerdote Óscar Muñoz, excanciller del
arzobispado de Santiago de Chile, acusado presuntamente de cometer abusos
sexuales contra menores.
Esta decisión de
la Justicia contra Muñoz se dio en el marco de los escándalos en el seno de la
Iglesia chilena en relación a la comisión y encubrimiento de casos de abusos
sexuales presuntamente cometidos por curas en diversas partes del país austral.
Sobre Muñoz, de 56
años, pesa una acusación de siete casos de abuso sexual y estupro contra
menores, aunque él mismo se había autodenunciado por abusos ante la Oficina
Pastoral de Denuncias y fue separado de su cargo el pasado enero, dos semanas
antes de la visita a Chile del papa Francisco.
En esta línea, el
Arzobispado de Santiago, mediante un comunicado, negó que esa institución
tuviera conocimiento previo de los hechos, a los que hizo referencia la
autodenuncia que, sobre delitos sexuales, formuló el presbítero Oscar Muñoz
Toledo.
Tras hacer una
pormenorizada enumeración de lo sucedido, la institución niega haber estado al
tanto de la situación, tal y como apuntaron algunos medios de comunicación.
"Por tanto,
no es efectivo, como han informado algunas versiones de prensa, que el
Arzobispado tuviera conocimiento de los hechos antes de la autodenuncia del
presbítero Muñoz Toledo", precisa el documento.
En los últimos 15
años, desde el caso de Andrés Aguirre, el llamado "cura Tato", al
menos 80 sacerdotes y religiosos católicos han sido acusados en Chile de
delitos de connotación sexual.
De ese total, 45
fueron condenados por la justicia civil o canónica, y de ellos 34 tuvieron como
víctimas a menores de edad.
Los casos de
abusos sexuales han conmocionado desde hace años a la Iglesia católica chilena
y el pasado junio el papa Francisco aceptó las renuncias de cinco obispos,
después de que 34 miembros de la Conferencia Episcopal de Chile le ofrecieron
sus cargos tras ser citados a El Vaticano por el pontífice.
Fuente: EFE