El director general de carabineros Eduardo Gordon, renunció este viernes a su cargo, al final de una semana en que su institución fue cuestionada tras acreditarse que una bala policial mató a un adolescente en una protesta y una denuncia de corrupción que lo involucró directamente a él.
"He estimado esta mañana, sin rendirme, hacerme a un lado. He pedido a su excelencia, el presidente de la República mi renuncia y él me la ha aceptado", señaló Gordon, en una declaración pública con que puso fin a 37 años de servicio.
"No es fácil, es complejo tener que tomar estas medidas, para mantener la credibilidad y la confianza que la comunidad nacional tiene hacia Carabineros de Chile", explicó Gordon.
El general renunció tras reunirse por cerca de una hora con el presidente Sebastián Piñera, respondiendo a un emplazamiento que la víspera le hizo el Gobierno para aclarar una denuncia periodística que lo acusa de intervenir en favor de su hijo que el año pasado protagonizó un accidente automovilístico y se dio a la fuga.
La denuncia lo acusa de interceder para proteger a su hijo, pidiendo que su nombre fuera borrado de la boleta de infracción cursada.
"Quien les habla, jamás ha interferido en algún procedimiento que tenga que ver con su persona. Por el contrario, siempre he sido una persona que cumple con los parámetros en los que nos regimos como carabineros", señaló el general, al negar este viernes la denuncia en su contra.
Dicha acusación tiene lugar en momentos en que la institución enfrenta fuertes cuestionamientos tras aceptar el lunes que una bala policial mató a un adolescente de 16 años en una protesta nocturna el viernes pasado, hecho negado inicialmente por carabineros.
"Espero que esta decisión sirva de catalizador para que nuestra sociedad retorne a la tranquilidad que nos merecemos", agregó el ex jefe policial, sobre un momento de alta efervescencia social en el país, con meses de masivas protestas callejeras que tienen sobreexigidas a la fuerza policial.
La institución afronta también críticas por el excesivo uso de la fuerza en estas protestas callejeras, que tuvieron su momento culminante en la manifestación de trabajadores en que resultó muerto el adolescente.
"Estamos preocupados por la violencia policial. No se puede esperar este nivel de represión en ningún país democrático", advirtió el miércoles Lorena Fries, directora del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
La madrugada del viernes pasado, al final de un paro nacional de trabajadores, el menor Manuel Gutiérrez, de 16 años, fue abatido por un disparo en el pecho cuando caminaba cerca de donde se protestaba en un barrio de Santiago.
Su familia sindicó de inmediato a carabineros como autora del disparo, pero la jerarquía de la institución negó de plano la acusación y se negó a realizar una investigación interna.
Pero una posterior investigación demostró que el menor fue alcanzando por el disparo de una subametralladora disparada por un suboficial de la Policía uniformada que luego intentó ocultar el hecho.
Gordon criticó el miércoles pasado el accionar del oficial que disparó y luego encubrió el hecho señalando que "incumpliendo todas las normativas que tenemos al respecto hizo uso de las armas. Además, trató de ocultar información y ahí rompió otro de los principios que para Carabineros es fundamental, que es la verdad".
Nueve policías, entre ellos cinco oficiales y el autor de los disparos, fueron dados de baja entre lunes y martes por su responsabilidad de mando o por encubrir el hecho.
Carabineros de Chile con sus 45.000 efectivos es una de las instituciones más queridas del país por su cercanía con la población y su carácter casi incorruptible.
Una encuesta de 2009 la señalaba como la institución más respetada del país, con 61% de opinión favorable y 11% desfavorable, por encima de instituciones como el Congreso, la Iglesia o los partidos políticos.
