viernes, 3 de septiembre de 2010

Conadi y Unap entregan 56 títulos de derechos de agua


El Gobernador del Tamarugal, Espártago Ferrari Pavez, encabezó la ceremonia de entrega de 56 títulos de derechos de aprovechamiento de agua, iniciativa que si bien es impulsada por la Subdirección Norte de Conadi, contó con la colaboración del departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología de la Unap.

“Los títulos de dominio entregados en el marco de los programas de regularización de derechos ancestrales de las comunidades indígenas forman parte del compromiso del Gobierno de Chile en su afán de lograr la certidumbre legal de los recursos hídricos por parte de las familias y comunidades indígenas y del cumplimiento del mandato legal de asegurar la debida protección de los derechos”, explicó Ferrari, quien agradeció las gestiones realizadas por el subdirector, Eleodoro Moscoso, y por la Universidad Arturo Prat.

“La casa de estudios superiores desarrolló un proceso técnico y legal que permite otorgar el reconocimiento jurídico absoluto e indubitable de un derecho que desde tiempos de sus ancestros, y de generación en generación, lo han sentido como propio; cual es, el derecho a usar y gozar de las aguas que la Pacha Mama les ha proveído para el desarrollo de su actividad y la conservación de su cultura”, argumentó Moscoso.

Cabe consignar que desde el 2003 la Conadi ha contado con la asesoría permanente del Departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología, especialmente, para la ejecución del programa de “Regularización y Constitución de Derechos de Aprovechamiento de Agua para Indígenas del Área de Desarrollo Indígena “Jiwasa Orage”.

“Lo hacemos como una manera de poner a disposición de las comunidades indígenas una asesoría integral y permanente, en este caso, en materia de derechos de agua, lo que sin duda les permita mejorar sus perspectivas de desarrollo y calidad de vida”, explicó Alex Zúñiga, director del Departamento de Agricultura del Desierto y Biotecnología, quien advierte que dicho proyecto no contempla solo la regularización de los derechos, sino que además, la defensa y protección de sus derechos frente a solicitudes de terceros que pudieran afectar dicho recurso.