Los empleados públicos chilenos anunciaron hoy el
término de una huelga que se extendió por casi cuatro semanas, tras la
aprobación en el Congreso de un aumento salarial del 3,2 % propuesto por el
Gobierno desde el inicio del conflicto, anunciaron los dirigentes sindicales
del sector.
Los empleados públicos chilenos anunciaron hoy el
término de una huelga que se extendió por casi cuatro semanas, tras la
aprobación en el Congreso de un aumento salarial del 3,2 % propuesto por el
Gobierno desde el inicio del conflicto, anunciaron los dirigentes sindicales
del sector.
"Con la
convocatoria que llega hasta hoy se da por concluido el proceso de
movilización", dijo en una rueda de prensa Carlos Insunza, coordinador de
la Mesa de Negociación de los trabajadores públicos, integrada por quince
organizaciones gremiales.
El dirigente
agradeció además a los funcionarios que se sumaron a la huelga y criticó al
Gobierno, que en ningún momento varió su posición de aumentar los sueldos un
3,2 %, aunque flexibilizó el monto de algunos bonos y otros beneficios
asociados, favoreciendo a los trabajadores con salarios más bajos.
Los sindicatos, en
tanto, comenzaron pidiendo un aumento del 7,0 %, que en el curso del conflicto
recortaron al 4,0 %.
El proyecto del
Gobierno fue rechazado dos veces en el Congreso, con los votos de los
parlamentarios oficialistas, por lo que en la tercera ronda legislativa el
Ejecutivo optó por negociar con los partidos políticos, incluidos los de
oposición, y logró inclinar la balanza a su favor.
La huelga dejó
como efectos más visibles una secuela de más de 6.000 intervenciones
quirúrgicas y más de 20.000 consultas de especialidades aplazadas en el sector
salud y decenas de miles de basura acumuladas en las calles de algunas comunas
del país, incluida Santiago Centro.
Carlos Insunza
destacó la unidad de los trabajadores en rechazar, durante el conflicto,
"el trato indigno, permanentemente agresivo y de falta de diálogo que ha
tenido el Gobierno".
Esteban Maturana,
presidente de la Confederación de Trabajadores de la Salud Primaria, aseguró en
tanto que los gremios ya están preparando la negociación del próximo año y
afirmó que el Gobierno "tiene con los trabajadores del sistema público una
deuda que vamos a cobrar el 2017".
Más temprano, la
presidenta Michelle Bachelet había llamado a los trabajadores "a escuchar
la señal que ha dado el país" y retomar sus funciones, tras la aprobación
del aumento salarial en el Congreso.
"Quiero
agradecer a los parlamentarios que aprobaron el proyecto de ley de reajuste al
sector público", dijo la mandataria tras participar en una actividad
pública.
El ministro de
Hacienda, Rodrigo Valdés, considerado el villano de la historia por los
trabajadores, comentó por su parte que "nos gustaría tener reajustes
mayores pero también tenemos otras prioridades como país. La educación, la
salud, son muy importantes y el presupuesto también gasta en eso".
Recordó que los
funcionarios públicos han tenido también en los últimos años otras leyes que
han mejorado sus condiciones laborales, "y por lo tanto tenemos que
balancear distintas necesidades con los recursos que tenemos",
El proyecto
aprobado supone al Estado un costo de 567.000 millones de pesos (unos 860
millones de dólares), aumenta los salarios en un 3,2 %, pero congela los
sueldos de autoridades y altos cargos con sueldos superiores a 4,4 millones de
pesos (unos 6.600 dólares) y otorga bonos especiales a los trabajadores, más
altos para los de sueldos inferiores.
En el cierre de la
movilización, cientos de trabajadores se manifestaron en repudio al gobierno
frente al Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo.
Fuente: EFE
