Se
estima que este año, las divisas enviadas al exterior superarán los US$1.800
millones, con un incremento de 20% respecto de 2018, cifra que ubica a nuestro
país como líder en la región, seguido por Panamá, que registra cerca de US$ 800
millones.
El fuerte aumento de la
inmigración en Chile ha posicionado a nuestro país como líder en América Latina
en remesar divisas al exterior, con US$1.800 millones proyectados para este
año. La cifra supera la anotada por Panamá, que registra cerca de US$ 800
millones anuales.
El resto de los países
de la región son receptores netos de divisas, encabezados por México con casi
US$ 33.500 millones. Sin embargo, si se considera el tamaño de las economías,
Haití es el mayor receptor, al representar las remesas el 39% de su PIB. Le
siguen naciones como El Salvador y Honduras con cerca del 20%, según
estadísticas de Inter American Dialogue.
Venezuela, dada la
crisis económica y alta tasa de personas que han emigrado, probablemente
también ocupa un lugar destacado, pero no se dispone de información oficial.
El dinamismo del
mercado de envío de dineros al exterior fue analizado en el marco de 1er
Encuentro Latinoamericano de Inmigración y Envíos de Dinero, que reunió a empresas
remesadoras, bancos, embajadas, organismos de Gobierno, auditoras, compañías de
seguros, fondos de pensiones y organismos internacionales, entre otros.
En el evento
-organizado por More Internacional- se analizaron los desafíos y dificultades
que enfrenta esta nueva industria que ha surgido con gran fuerza en el país de
la mano del incremento de ciudadanos extranjeros que requieren enviar dinero a
sus naciones de origen.
A nivel nacional, según
información del Banco Central de Chile, operan alrededor de 26 remesadoras. Los
actores de la industria estiman que cinco de ellas (Western Union, MoneyGram,
More Chile, Afex y Guiñazú) concentrarían -según cifras extraoficiales- cerca
del 80% del mercado.
“Mensualmente se
realizan cerca de 600.000 transacciones por un promedio de US$ 220. Por países,
los colombianos son los que remesan más con US$ 416 al mes, seguidos por los
brasileños con US$ 317 y los bolivianos con US$ 223. En cambio, los menores
montos corresponden a los haitianos (US$ 109), dominicanos (US$ 151) y peruanos
(US$ 175)”, detalló el presidente de More Chile, Carlos Grossman.
El ejecutivo destacó el
impacto económico y social de esta actividad, considerando el concepto de apoyo
familiar que hay tras las remesas. “Si no existiese esta industria se generaría
un problema tremendo, porque los inmigrantes tendrían que hacer sus envíos en
forma ilegal. La mayoría de ellos no están bancarizados y, además, si recurren
a un banco, los requisitos y costos que les imponen lo hacen una alternativa
poco atractiva para ellos”, afirmó Grossman.
Falta de regulación
A diferencia de lo que
ocurre en otros mercados, donde se han establecido regulaciones para la
actividad de las firmas que intermedian el envío de dinero -como en Estados
Unidos donde deben contar con una licencia-, en Chile hay desconocimiento, falta
de normativas y de supervisión.
“Este escenario genera
una serie de dificultades para los operadores. Muchos de ellos son filiales de
empresas extranjeras, las que han adoptado y aplican los estándares de
fiscalización y auditorías de sus casas matrices. Así como nuestra legislación
respecto de la inmigración necesita adaptarse a las nuevas circunstancias,
también es necesario actualizar nuestras políticas respecto de la industria de
remesas”, informó el economista y director ejecutivo del Encuentro, Luis
Eduardo Escobar.
La falta de regulación
y el desconocimiento que hay sobre este mercado, incluso a nivel de los
organismos del Estado, se traduce en dificultades para operar y en la negativa
de muchos bancos a abrir cuentas corrientes a las remesadoras.
En
este escenario, el experto adelantó que las empresas del sector están evaluando
la opción de generar instancias de autorregulación. Esto permitiría adoptar, de
común acuerdo, estándares internacionales de comportamiento que sean
certificables y den garantías de su cumplimiento a los usuarios y contrapartes.
De esta manera se aseguraría la calidad y podrían disminuir el costo de los
servicios a los usuarios, minimizando la reticencia de las contrapartes del
sistema financiero, nacional e internacional, a operar con las remesadoras
locales que participen del sistema.
“Las
empresas remesadoras -enfatizó Escobar- están aquí para quedarse porque desarrollan
una actividad necesaria y bien valorada por sus usuarios. Lo que cabe es que
entre el Estado y los privados diseñemos un sistema que permita el desarrollo
de esta actividad de forma competitiva y segura para todos los involucrados,
especialmente los inmigrantes”.
