Alcalde de Arica propone corredor humanitario para venezolanos que quieran regresar a su país

El alcalde Gerardo Espíndola realizó el llamado tras los últimos hechos ocurridos en el control fronterizo Chacalluta, lugar donde cientos de ciudadanos venezolanos han intentado salir de nuestro país sin éxito.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, planteó la urgencia de generar un corredor humanitario que permita trasladar a ciudadanos venezolanos hacia su país, ante los cientos de extranjeros que en las últimas horas han intentado dejar nuestro país por Chacalluta.

Este fin de semana, cerca de 200 venezolanos indocumentados bloquearon el paso fronterizo entre Arica y Tacna, luego que efectivos policiales del Perú les impidieran ingresar a su país mientras intentaban dejar Chile.

“La situación en los complejos fronterizos chileno y peruano está tensa. Ya llevamos tres días de una alta cantidad de población migrante que se quiere ir de Chile, pero que no puede ingresar al vecino país porque le faltan documentos, no tienen los papeles, han estado trasladándose de manera irregular”, manifestó el jefe comunal.

Es por esta situación que Espíndola emplazó a los gobiernos de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, a nivel de cancillería; a iniciar un diálogo que permita afrontar la actual crisis migratoria latinoamericano, apoyados por organismos internacionales para facilitar así el retorno de ciudadanos venezolanos a su tierra.

“Lo que se requiere hoy es descomprimir esta situación y que no pase lo que ocurrió este domingo, que un grupo de más de 200 personas cortó el tránsito entre Chile y Perú. Acá la solución ante esto es una coordinación entre países, generar un corredor humanitario que permita que las personas que están acá en Chile y que son de Venezuela, puedan llegar directamente a su país”, señaló el alcalde de Arica.

Investigadores UNAP estudian interculturalidad de Tarapacá a partir del intercambio de dialectos

Proyecto contempla la aplicación de entrevistas, grupos focales y encuestas a población migrante extranjera e indígena local hispanohablante. 

Considerando que la interculturalidad también implica una manifestación lingüística, un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Arturo Prat (UNAP) ejecuta una investigación que busca definir la interculturalidad en la Región de Tarapacá, a través del contacto interdialectal que surge de la interacción de grupos culturales que habitan en el territorio.

Se trata del proyecto “Diversidad cultural y diversidad lingüística. Interculturalidad e interdialectos en la Región de Tarapacá”, dirigido por la Dra. Marcela Rivadeneira Valenzuela. La académica explicó que se indagará de qué manera se expresa la interculturalidad a través de la lingüística; tomando como muestra a población indígena local, migrantes extranjeros y comunidad de habla nativa de la región urbana, todos hispanohablantes, entre quienes se estudiará si existe una asimilación de dialectos.  

Para ello se aplicarán entrevistas, grupos focales y encuestas actitudinales en la comuna de Iquique, a fin de determinar —a partir de variables como, por ejemplo, años de residencia en la región, actitud, u orgullo dialectal— si los residentes extranjeros asumen o no rasgos del dialecto chileno. 

“También estudiaremos qué tan abiertos estamos las chilenas y los chilenos para incorporar rasgos de otros dialectos, incluyendo también hablantes aymaras y quechuas que tienen al español como segunda lengua”, puntualizó. 

Riqueza lingüística  

El proyecto indica que de acuerdo a un análisis realizado entre cifras que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Jesuita a Migrantes, Tarapacá es la región del país que presenta mayor población migrante, con un 21%, lo cual la hace especialmente particular para estudiar la interculturalidad desde la sociolingüística. 

“Aquí hay personas hispanohablantes de diversos países, pero cada una tiene sus modismos y dialectos; sin embargo, observamos que estos se están mezclando. Hemos escuchado gente chilena diciendo ‘hágale mijo’, gente de Venezuela empleando los garabatos chilenos, gente de Perú hablando con entonación chilena, aymaras que pierden su lengua y hablan español. Ese es el contacto interdialectal, y es esa riqueza lingüística que queremos estudiar”, precisó el Mg. Héctor Solórzano Navarro, sociólogo e investigador del proyecto. 

Este proyecto interno de investigación e innovación es financiado por la UNAP, y también tiene como integrante al Dr. Eugenio Sánchez Espinoza. Su equipo además lo integran las estudiantes de la carrera de Traducción Inglés-Español, Paula Wanderer, Stibaly Maldonado y Constanza Gutiérrez.  

Entre los objetivos que persigue esta iniciativa están identificar y clasificar los diversos grupos culturales hispanohablantes contemporáneos presentes en la Región de Tarapacá, y que habitan zonas urbanas. Así como describir y comprender las distintas expresiones lingüísticas dialectales de los grupos culturales hispanohablantes presentes en la región, y aquellas que se producen como consecuencia de su interacción. 

Alcalde de Arica y eventual estado de excepción: “Cualquier acción del Ejército tiene que ser bien planificada y con estrategia”

El jefe comunal se refirió a la postura del Gobierno a no descartar esta acción ante el alza del crimen organizado, indicando que esta medida ya se aplicó en Arica y no funcionó.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, se refirió a las declaraciones de la ministra del Interior Iskia Siches, autoridad que señaló que el Gobierno no descarta un estado de excepción en la macro zona norte, producto del crimen organizado que afecta el sector.

“No descartamos ninguno de los instrumentos, pero siempre buscando objetivos y resultados explícitos, más allá de la presión y tensión que existe en la región, que la entendemos", expresó Siches.

Para Espíndola, un eventual estado de excepción no será la solución para un problema que resulta ser mucho más profundo y que quedó evidenciado luego que la frontera chileno boliviana en Colchane, siguiera siendo vulnerada pese al estado de excepción adoptado a finales de marzo.

“Soy de las personas que no está de acuerdo con un estado de excepción para todo el norte, creo que es iluso pensar que se va a solucionar este problema”, indicó el jefe comunal, quien agregó que una opción será recurrir a personal del Ejército para que brinde apoyo en zonas críticas como Cerro Chuño.

“Se lo pedimos al subsecretario Monsalve cuando vino a Arica, intervención acotada en algunos lugares por parte del Ejército, donde creemos que tiene que ser con un objetivo claro, con harta inteligencia y estrategia y de ese modo poder conseguir resultados”, enfatizó.

Asimismo, Espíndola destacó el proyecto de ley presentado por el gobierno para modificar la actual ley de migraciones, desarrollada para un contexto de normalidad que la deja muy vulnerable en situaciones de emergencia como la que actualmente vive el país.

“Lo importante es que el Ejecutivo le ponga urgencia, que los parlamentarios actúen con el rigor y la rapidez que implica esto. Las expulsiones administrativas son un proceso bastante lento que podría perfectamente modificarse, y pensemos además que la Ley de Migraciones se hizo para un estado de ingresos de migrante en un periodo de normalidad, y lo que estamos viviendo actualmente es una situación de emergencia, que escapa a lo normal que ocurre en la frontera” manifestó.

Junto con ello, el alcalde indicó que “por eso que elementos como este, donde agilizar leyes que apunten a las expulsiones administrativas especialmente a personas que han cometido algún delito y no tienen que estar acá, es algo que debiéramos apuntar más rápido”.

Alcalde de Arica tras dichos de presidente de Bolivia: “Por fin hay un avance para combatir el tráfico de personas”

 

El Presidente Gabriel Boric sostuvo una reunión con su par boliviano, Luis Alberto Arce, quien comprometió acciones para enfrentar la trata de personas y el avance de bandas internacionales.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, destacó las palabras del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, autoridad que comprometió esfuerzos para impulsar políticas que combatan de manera más efectiva el contrabando y la trata de personas.

Las declaraciones surgen en el marco del encuentro entre Arce y el Presidente Gabriel Boric durante su visita a Colombia, oportunidad en la que los mandatarios comprometieron el trabajo en conjunto para enfrentar la crisis migratoria y el avance de las bandas internacionales.

“Los dichos del presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, después de la reunión con el presidente Gabriel Boric de sumarse a combatir la trata de personas y ser un aporte dentro de esta crisis migratoria, era algo que veníamos esperando hace bastante tiempo. Lo valoro profundamente, valoro también la acción que está liderando nuestra canciller en esta materia y en conversar con Bolivia”, señaló al respecto el jefe comunal.

Para Espíndola, clave es la integración latinoamericana para dar cara a una situación que afecta de manera transversal a todo el continente y que es imposible de solucionar en solitario por cada país afectado.

“Dejemos de tener miedo a la integración latinoamericana, dejemos de tener miedo a interlocutar con Bolivia. Somos pueblos hermanos, en Arica esto afecta directamente y hoy se da una señal que hemos demandado desde hace bastante tiempo”, manifestó.

Asimismo, el jefe comunal agregó que “personalmente como alcalde y ariqueño, creo que la integración latinoamericana es la clave para poder combatir y actuar frente a esta crisis migratoria, pero sobre todo al tráfico de personas y a esta lacra de delincuentes que se están moviendo por todo el continente, afectado a cada una de las naciones”.

Alcalde Soria y recién nombrado Delegado Presidencial acuerdan impulsar trabajo conjunto

Desde Crisis Migratoria hasta Seguridad Pública fueron parte de los temas abordados en la cita.

En el marco de su primer encuentro presencial, el recién nombrado Delegado Presidencial Regional de Tarapacá, Daniel Quinteros Rojas, entregó sus saludos al alcalde de Iquique, Mauricio Soria Macchiavello, al visitarlo en el Edificio Consistorial.

Luego de ser confirmada su designación por la futura ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, Quinteros se ha propuesto llevar adelante las 3 principales prioridades encomendadas a su gestión: Descentralización, Programa de Gobierno y Orden Público. “Con esta reunión hemos comenzado los encuentros con los alcaldes de Tarapacá y es muy importante escucharlos, pues creemos que son quienes conocen mejor su territorio y hay que establecer un diálogo para solucionar los problemas de la región”, expresó Quinteros.

Por su parte, el jefe comunal iquiqueño le planteó cuáles son aquellos problemas en los que el Municipio requiere de una voluntad común que permita promover sus soluciones: “Hablamos del agua potable en las caletas, migración, comercio informal, seguridad pública, paradiplomacia y vivienda. Coincidimos que debemos trabajar unidos y con real voluntad de mejorar la actual situación, por lo que nosotros estamos disponibles para aportar con toda la experiencia que tenemos y esperamos volver a encontrarnos para tratar estos y otros temas”, dijo Soria Macchiavello.

Sin embargo, para ambas autoridades, el resguardo y mantención del orden público será un asunto prioritario. “Es importante que la comunidad sepa que este Gobierno se la va a jugar por mantener el orden público y la seguridad para todos sus habitantes”, aseveró Quinteros.

Finalmente, se confirmó que se establecerá una mesa de trabajo permanente entre la Delegación Presidencial Regional, Gobierno Regional y Municipios a fin de resolver los problemas que se vayan suscitando en la región. “Esperamos que, a partir de una fluida coordinación, ésta de sus frutos y la comunidad pronto pueda ver los resultados del trabajo que estaremos realizando desde el 11 de marzo”, dijo la futura autoridad. 

Condenan discursos de odio hacia migrantes en el norte de Chile

El Colegio de Periodista de Chile y la Red de Periodistas Migrantes hacen un llamado a medios de comunicación, periodistas, comunicadores/as e influenciadores/as, a realizar un  tratamiento informativo con perspectiva de derechos ante el contexto complejo y desafiante que se presenta con la inmigración en el norte del país y el resto del territorio nacional.

En este mismo sentido, denunciamos situaciones de amenazas y agresiones contra la prensa, ante un clima de violencia que ha aumentado, por lo cual se exige al Estado ser garante de la libertad de expresión.

Frente a las situaciones de orden público y seguridad, evidenciadas en los últimos días en Iquique, una vez más la información sin un análisis riguroso en los medios, sumado a la rápida difusión que tienen los discursos de odio en las redes sociales, y la insuficiente gestión pública de la migración, a nivel local, nacional e internacional, ha servido de aliciente para que grupos ultranacionalistas convoquen a marchas antimigrantes y se produzca una escalada de violencia contra grupos vulnerables de personas migrantes y solicitantes de refugio, quienes siguen llegando en su mayoría por las fronteras del norte y pasos no habilitados.

Así, la criminalización a la población inmigrante ha trascendido a las autoridades locales, que en su solicitud de medidas con urgencia al gobierno central, ha propiciado un clima de estigmatización y persecución.

Cabe recordar que a finales de septiembre del 2021, también se produjo una oleada de violencia, que terminó en agresión a grupos de migrantes que pernoctaban en el espacio público, y que hoy vuelve bajo el mismo discurso de seguridad y de orden. En ese entonces, con el paso de los días hubo un repudio generalizado, tanto de la prensa como de organizaciones sociales, e incluso de instancias internacionales de derechos humanos.

Este es un llamado a las autoridades, a no reproducir, ni permitir manifestaciones xenófobas y racistas, las cuales generan más violencia y terminan en agresiones a la prensa que acude al lugar de los hechos para ejercer su labor informativa.

Desde el Colegio de Periodistas de Chile y la Red de Periodistas Migrantes, se rechazan las agresiones a grupos de migrantes y periodistas, así como las intimidaciones que buscan la censura. Se advierte además sobre la reproducción de discursos de odio que no desaparecen y proliferan en las redes sociales, y por último se invita a periodistas y comunicadores/as, a seguir los consejos del Decálogo para un Periodismo Intercultural, el cual fue presentado semanas atrás.

En momentos de crisis, una narrativa que es cuidadosa con el lenguaje,  contextualiza y tiene un enfoque de derechos, es indispensable.

Colegio de Periodistas Iquique denunciará ante la Fiscalía Regional a los medios que sigan llamando a la violencia

Ante la crisis migratoria que afecta a la Región de Tarapacá, como Colegio de Periodistas Iquique, lamentamos y rechazamos, nuevamente, el tipo de cobertura que algunos medios y comunicadores sociales le están dando a un tema tan sensible para los habitantes de las comunas más afectadas, como son Iquique, Alto Hospicio y Colchane.

Consideramos que existe un discurso que incita a la violencia, que hemos podido apreciar tanto  en cuentas personales de Twitter o plataformas digitales de las personas que están en estos medios, entre otros.

Como periodistas sabemos que la rigurosidad de la información es fundamental, es por ello que hacemos un llamado para ser objetivos, con un enfoque de derechos humanos, mostrar las dos caras de la moneda de la situación y no entregar una única versión de los hechos sin siquiera confirmar las fuentes oficiales.

En esta región, existen muchos medios de comunicación y la rigurosidad en esta área es de suma importancia, hacemos un llamado a contar con responsabilidad social y ética.

Ante todo lo anterior, como Colegio de Periodistas Iquique invitamos a la ciudadanía a informarse por medios oficiales, a contrastar realidades, informaciones y no ver sólo “noticias” por redes sociales, que muchas veces tergiversan los hechos o muestran solo una parte.

En ese contexto, como Consejo Regional Iquique, reiteramos que estamos trabajando con nuestro equipo jurídico para denunciar ante la Fiscalía Regional a los comunicadores, locutores, reporteros que siguen llamando a la violencia física o verbal, de manera explícita ante la situación migratoria, con el fin de que comparezcan ante la justicia por incitar al odio y discriminación.

Gobierno inicia segundo proceso extraordinario de regularización migratoria 100% digital

La medida beneficiará a aquellos migrantes que ingresaron a Chile antes del 18 de marzo de 2020 por pasos habilitados.

A partir de este martes, los extranjeros podrán regularizar su situación migratoria en nuestro país con este segundo proceso extraordinario que se da gracias a la promulgación de la nueva Ley de Migraciones. Una regularización que tiene requisitos para quienes se beneficiarán de ella.

De esta forma, los beneficiados serán los migrantes que ingresaron a Chile por pasos habilitados antes del 18 de marzo de 2020 y que no tengan antecedentes penales, los mismos tendrán 180 días contados desde la publicación de la Ley en el Diario Oficial (20 de abril de 2021).

En este proceso podrán solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados. Y una vez que la solicitud sea ingresada, se les otorgará un permiso temporal por un año para trabajar mientras se realice la tramitación de su visa.

Cabe aclarar que para quienes hayan ingresado después de la fecha establecida, 18 de marzo de 2020 de manera regular, como turista y se les venció la visa, podrán pagar la multa de manera digital y solicitar un nuevo documento en el marco de los procesos normales dispuestos por la ley y no como parte del proceso extraordinario de regularización.

Es importante destacar que este proceso es 100% en línea y solo a través del portal de extranjería www.extranjeria.gob.cl se podrán ingresar todos los documentos solicitados para postular al beneficio.

En cuanto a quienes ingresaron por pasos clandestinos, podrán salir del país sin ser sancionados y sin prohibición de ingreso al país. De esta forma podrán solicitar residencia temporal en cualquier consulado de Chile en el exterior.

Así lo explicó el Jefe de Departamento de Extranjería y Migración Álvaro Bellolio: “Queremos darle una mano a los extranjeros que llevan más de un año en Chile y entraron por un paso fronterizo respetando nuestras instituciones y presentándose ante el control migratorio, pero tuvieron dificultares durante la pandemia con su trabajo, empleador, o no tienen el sustento económico para pedir una visa. De esta manera, ellos podrán postular a este proceso que es 100% digital para proteger su salud y dar una respuesta rápida”.

“Esto le permitirá, en minutos, obtener una visa en trámite, permiso de trabajo y no pagar multas por irregularidad, por eso esperamos que en los próximos 6 meses al menos 50 mil extranjeros opten por esta oportunidad que entrega el gobierno del Presidente Piñera en el marco de la nueva Ley de Migraciones”, agregó Bellolio.

“En el contexto de ordenar la casa también se abre una ventana para aquellos que ingresaron de manera clandestina y que podrán regularizar su situación saliendo de Chile y solicitando una visa en cualquier consulado del extranjero para volver a ingresar a nuestro país de acuerdo a nuestras reglas y respetando nuestra institucionalidad, ya que prometerles una visa en Chile sería irresponsable, ya que promueve el ingreso clandestino, el tráfico de personas y el negocio de los coyotes, al generarles expectativas que no se pueden cumplir”, señaló la autoridad de Extranjería.

Por su parte, el intendente de Tarapacá, Miguel Ángel Quezada, destacó la puesta en marcha de la nueva ley. “El gobierno del Presidente Piñera logró concretar la modernización de una ley que tenía 46 años de vigencia y que no se adecuaba a la realidad migratoria de Chile, especialmente de nuestra región”, aclaró. La autoridad regional hizo un llamado a los extranjeros a que se informen sobre los alcances de la ley y que cumplan con los plazos establecidos para el proceso de regularización.

Cabe destacar que durante el primer proceso regulatorio que se llevó a cabo el 8 de abril de 2018, junto con las solicitudes de regularización a través del procedimiento tradicional en la misma fecha, se regularizaron más de 210 mil extranjeros que habían ingresado de forma irregular al territorio nacional o que no tenían permiso de trabajo. Esto permitió cambiar su situación migratoria y obtener su documentación para vivir y trabajar en el país.

José María Hurtado: “La migración en sí, no es mala, el problema es la migración desordenada”

 

El abogado y autor del libro “Derecho Migratorio Chileno” fue uno de los expertos que participó en la tramitación de la nueva Ley de Migraciones. 

Luego de ocho años en el Congreso, el Presidente Sebastián Piñera, promulgó la Ley de Migraciones, que viene a reemplazar a la actual ley de Extranjería, que data de 1975. Durante su promulgación, realizada este sábado 10 de abril en Iquique, el mandatario señaló que el principal objetivo de esta nueva normativa “es tener una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal”, a lo que José María Hurtado, parte del equipo asesor que participó en la redacción de la ley, agrega que además “establece una serie de derechos y garantías para los migrantes que son fundamentales en cualquier sociedad democrática y un avance sustantivo respecto de la ley vigente”. 

Sobre este polémico tema, el abogado señala que en las últimas décadas en Chile se ha permitido el ingreso de extranjeros que en realidad venían a residir al país, “laxitud que generó una máquina económica detrás, se crearon agencias de viajes, una ruta aérea que no existía como la de Puerto Príncipe - Santiago, con efectos geopolíticos y socioeconómicos muy relevantes”. Ante este escenario, para el experto era necesaria legislar, debido a que la migración  irregular muchas veces está asociada a la trata de personas, al tráfico de migrantes y a las situaciones de abuso y vulneraciones a sus derechos. 

“La migración en sí, no es mala, el problema es la migración desordenada que genera un aumento sustantivo de la población extranjera en corto tiempo. Canadá, en 1990, tenía un 15% de extranjeros, en 2020 tenía un 21%, es decir creció seis puntos en 30 años. En cambio Chile creció esos mismos seis puntos porcentuales de su población migrante en apenas tres o cuatro años. Eso genera competencia por los servicios básicos del Estado, lo que finalmente produce xenofobia y rabia hacia el extranjero, además de una presión hacia la baja de los salarios y en la competencia por el acceso a los trabajo”, explica Hurtado. 

Asimismo, declara que la migración es una necesidad para Chile, debido a que “hay una tasa de reemplazo de la población que es muy baja y eso implica que vamos a necesitar por lo menos 50 mil o 60 mil inmigrantes por año para suplir la cantidad de mano de obra para incorporarse al mercado del trabajo”, por lo que indica se trata de un desafío que nos va a acompañar en las próximas décadas. En esta línea, destaca que se trata, sin duda, de uno de los temas que serán abordados en la redacción de la Nueva Constitución. 

En cuanto a los cambios en relación a la normativa vigente, el experto en migración aclara que esta nueva ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento de la Ley de Migraciones, que tiene un plazo de un año para estar listo. Aunque sí tiene vigencia inmediata sobre la regularización, que es muy relevante, porque hace una distinción entre los migrantes que entraron de forma regular a Chile y los que lo hicieron de forma clandestina, por pasos no habilitados. “Los que entraron al país con algún tipo de visado, pero que ya expiró, tienen un plazo de hasta 180 días a partir de hoy para solicitar un visado ante el departamento de extranjería y basta simplemente con  no tener antecedentes penales para obtenerlo”, explica.  

Sin embargo, enfatiza que no hay una regularización de ingreso clandestino, sino la posibilidad de las personas que entraron clandestinamente lo hagan de forma legal y sin ser sancionados si es que cumple los requisitos, para lo que deberán salir de Chile y volver a ingresar solicitado una visa. 

José María Hurtado, trabajó en la Subsecretaría del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile. Fue asesor de Política Migratoria, responsable de la tramitación legislativa ante el Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería (Boletín 8970-06), así como copartícipe de la concepción y aplicación de la Reforma Migratoria integral llevada adelante por la administración del Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera. Además, es profesor del Magister de Derecho del Trabajo de la Universidad de Los Andes.

Congreso chileno aprueba dilatada ley de migración

 

El gobierno conservador de Sebastián Piñera priorizó la legislación tras un informe que sugería que el país podría convertirse en un destino clave para el flujo de personas de América Latina al cesar la pandemia de coronavirus.

El Congreso chileno dio luz verde la noche del jueves a una controvertida ley de migración, que endurece las reglas de ingreso de personas, su regularización, cómo se gravan y el reconocimiento de títulos o incluso su expulsión, si no cumplen con las normas.

El gobierno conservador de Sebastián Piñera priorizó la legislación tras un informe que sugería que el país podría convertirse en un destino clave para el flujo de personas de América Latina al cesar la pandemia de coronavirus.

El proyecto tramitado por más de siete años recibió la noche del jueves 38 votos a favor y dos en contra en su último trámite en el Senado, por lo que quedaría para la firma del presidente.

Sin embargo, opositores podrían apelar al Tribunal Constitucional ya que sostiene que vulneraría principios básicos, como los derechos de los niños.

La inmigración se multiplicó en más de un millón de personas desde el 2014, debido al atractivo de la estable nación para personas de países como Haití y Venezuela.

Pero el flujo disminuyó a mediados del 2019 después de que Chile anunciara que regularía su política migratoria y dijo que los aspirantes tendrían que buscar visas en embajadas locales.

Los extranjeros en situación irregular que ingresaron por pasos habilitados antes del 18 de marzo, tendrán 180 días para solicitar su visado sin ser sancionados, según el proyecto aprobado.

Fuente: Reuters

Lanzan inédita plataforma digital que conecta a personas migrantes, refugiadas y chilenas a través de talleres gratuitos

 

Desde cómo hacer un CV hasta técnicas para sobrellevar emocionalmente el encierro de la cuarentena, son parte de las temáticas que ofrecerán los cursos online #DeCorazón”. Se trata de una plataforma digital inédita que fue lanzada esta mañana por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), y que busca conectar a profesores refugiados y migrantes con población chilena interesada en tomar una amplia gama de cursos gratuitos.

La actividad, realizada de forma virtual, fue liderada por el representante de ACNUR para América del Sur, Juan Carlos Murillo, quien destacó que “considerando el contexto que vivimos y las distintas crisis que ha generado la pandemia del COVID-19, urge generar iniciativas que promuevan la integración de la sociedad, fomentando el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Por eso lanzamos esta iniciativa que nos invita a mirarnos #DeCorazón para seguir construyendo juntos una sociedad más justa e inclusiva para todos, potenciando puntos de encuentro entre los miembros de una comunidad y bajando las barreras que nos distancian”.

Quienes ingresen a la plataforma www.talleresdecorazon.cl podrán encontrar distintos cursos destinados a brindarles herramientas para mejorar sus posibilidades de empleabilidad, potenciar sus emprendimientos o bien, para apoyarles emocionalmente durante la pandemia. Los talleres serán dictados de forma gratuita por colaboradores refugiados y migrantes como una forma de retribuir y agradecer la gran acogida que Chile les ha brindado durante sus procesos de integración.

Lenizareth Silva vivía en Carabobo, Venezuela y es una de las colaboradoras #DeCorazón. Llegó a Santiago hace casi un año, en diciembre de 2019, y junto a su esposo se han esforzado por entregar sus conocimientos al país. Hoy trabaja de forma independiente como asesora en procesos de empleabilidad y talento. “Me siento muy orgullosa de ser parte de esta iniciativa. Los temas que se abordan en estos talleres son problemas reales a los que uno se enfrenta al migrar a otro país y tenerlos como apoyo de acceso gratuito puede ayudar a muchas personas”, comentó.

Elvira Espinoza es chilena, psicóloga y directora de Grupo Conscientia. Hace años trabaja atendiendo a personas refugiadas y migrantes y destaca la importancia de seguir avanzando en la integración social. “Como chilenos no solo debemos pensar que nos enriquecemos en términos culturales, sino que, también aprendemos lecciones de resiliencia y cómo sobreponernos a las distintas dificultades, sobre todo en escenarios como los que vivimos hoy. Por eso esta iniciativa es fundamental y llega en un momento donde necesitamos reinventarnos para activarnos laboralmente y así promover, de forma conjunta, el crecimiento de este país que nos acoge y nos protege como seres humanos”, dice.

Cabe destacar que, según cifras de ACNUR, la cantidad de personas que han sido desplazadas a la fuerza de su país de origen a nivel mundial alcanza los 79,5 millones de personas. Solo en América Latina, 5,5 millones de venezolanos se vieron en la misma situación, obligados a huir de sus hogares y desplazarse a otros países del continente y del mundo.

Legales pero sin documentos, el limbo de miles de migrantes en Chile

Karolla no puede retirar su sueldo del banco ni Fanes llevar a su hija al consultorio. Ambos son residentes legales en Chile, pero sus documentos están vencidos desde hace meses, lo que les deja en un limbo jurídico en medio de la pandemia y de la grave crisis económica.

A pesar de contar con hijos chilenos y con varios años de residencia en el país, Karolla (Colombia) y Fanes (Haití) tienen delante un muro difícil de flanquear: la complicada estructura burocrática chilena y los largos plazos de la regularización migratoria.

Sus casos son solo unos de los tantos que se agolpan, como compitiendo entre sí para aparecer más arriba, en los grupos de Facebook, donde miles de extranjeros buscan ayuda para resolver sus dudas ante la ausencia de respuestas oficiales.

Una situación que se ha complicado aún más con la pandemia y el cierre durante más de seis meses de las oficinas de la Policía de Investigaciones, el Registro Civil y Extranjería, encargadas de otorgar las visas de residencia y el Rol Único Tributario (RUT), el número de la cédula de identidad.

El RUT funciona como llave para acceder a la mayoría de servicios públicos y privados en Chile y coloquialmente se dice que eres "invisible" sin él.

Crecimiento exponencial

Los trámites de residencia en Chile, explicó a Efe el presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Héctor Pujols, se han ido alargando en el tiempo durante los últimos diez años, en los que el país ha vivido un crecimiento exponencial de su población extranjera, que alcanza ya casi el millón y medio de personas.

"Hasta 2016 la cédula de identidad se entregaba en tres meses, después de 2018 están tardando entre uno o dos años, y lo que tememos ahora es que con la emergencia sanitaria este proceso pueda demorarse hasta tres años", indicó Pujols.

Durante ese tiempo, continuó, las personas pueden vivir legalmente en el país pero sin cédula de identidad vigente, lo que les impide "acceder a un alquiler, conseguir un trabajo, tener una línea de teléfono o acceder a prestaciones sociales".

En total, se calcula que unos 500.000 extranjeros se encuentran en esta situación de "semi-irregularidad". Uno de ellos es "Marcus", un joven haitiano que prefiere mantener el anonimato, quien formalizó una primera visa al llegar a Chile, pero desde entonces se encuentra en el limbo.

"Me dijeron que todo estaba correcto y 18 meses después recibo una notificación de que mi visa fue rechazada sin más explicación, lo que supone que debo pagar una multa que crece cada mes por estar ilegal en el país mientras tramito una nueva. Es un abuso", dijo.

También está el caso de Raquel, quien viajó a España durante la pandemia, pero quedó varada en su pueblo natal Castelserás (Aragón), al ser notificada de que su visa había sido rechazada, siete meses después de presentar la renovación.

La directora social del Jesuita Migrante, Michelle Viquez, explicó a Efe que el país tiene un "sistema fuertemente burocrático, que dura muchísimo y con unos plazos de respuestas para las personas migrantes súper grandes", una realidad que no mejoró pese al intento del Gobierno de "implementar el uso de plataformas digitales".

El Gobierno publicó durante la pandemia un decreto presidencial para extender la vigencia de las cédulas vencidas, pero es "difícil su aplicación porque desde los funcionarios hasta los mismos sistemas de las empresas no aceptan la base de un carnet vencido",

"Ejemplos concretos son el retiro del 10 % de los fondos de pensiones, el cobro del seguro de cesantía o simplemente el poder retirar dinero en el banco", detalló Viquez.

Mientras que desde el Registro Civil indicaron a Efe que el decreto obliga a todas las instituciones, públicas y privadas, a permitir a los extranjeros acceder a sus servicios con su cédula vencida, pero admiten que no existen fiscalizadores que velen por su cumplimiento.

Una reflexión con la que concuerda Viquez, quien denuncia además que esta problemática está "invisibilizada" porque solo afecta a los migrantes, uno de los colectivos más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia.

Fuente: EFE

El 30 % de los migrantes en Chile perdió su empleo durante la pandemia

Más del 30 % de los 1,4 millones de migrantes que viven en Chile perdieron sus empleos durante la pandemia del nuevo coronavirus y tres de cada cuatro considera que su nivel de ingresos no alcanza para cubrir las necesidades básicas, según un estudio difundido este miércoles.

Al número de personas que han sido despedidas se suma un 21 % que permanece en suspensión temporal de contrato y un 18 % que tuvo una reducción de la jornada laboral, de acuerdo con la investigación de la Universidad de Talca, que tuvo en cuenta la situación del colectivo en mayo, junio y julio, los tres meses más graves de la crisis sanitaria.

El sondeo, que recoge la opinión de más de 400 residentes en Chile, señala que el 85 % no posee ahorros para costear sus necesidades en los próximos meses y que el 60 % de los consultados no volvería a su país de origen durante la crisis sanitaria, pese a la precariedad de su situación.

"Se trata de personas ya instaladas en Chile y no tendría mucho sentido volver a su país, en circunstancias en que todos están viviendo situaciones similares. Sería empezar todo de nuevo", explicó el director del Centro Nacional de Estudios de la universidad chilena, Medardo Aguirre.

Con más de 390.000 infectados y 10.578 muertos desde inicios de marzo, Chile es uno de los países más afectados del mundo por el coronavirus, aunque ha superado el pico de la pandemia y se encuentra en plena apertura gradual de la economía.

El frenazo de las actividades económicas provocó un desplome histórico del 14,1 % en el PIB durante el segundo trimestre de 2020 y se calcula que se han perdido 1,8 millones de empleos en un año.

El estudio universitario también indicó que el 70 % de los migrantes no ha recibido ningún apoyo estatal, pese a tener a su cargo niños o adultos mayores, y que la pérdida de empleo amenaza su situación de regularidad en el país.

"Cuando se está en transición para obtener la ciudadanía no se puede perder el empleo (..) porque uno no puede cambiar las condiciones en las que se declaró que estaba cuando solicitó la residencia", apuntó Giselle Davis, antropóloga de la misma universidad.

En Chile, un país que hasta las protestas del pasado octubre era muy atractivo para migrar por su estabilidad política y económica, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población total.

Los venezolanos son los migrantes más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

El estudio se publicó el mismo día que avanzó en el Parlamento la nueva Ley de Migraciones, un proyecto de propuesto por el Ejecutivo para endurecer la política migratoria del país y que suscita críticas por parte de la oposición y la sociedad civil.

Fuente: EFE

Embajadora de Guaidó en Chile renuncia por motivos económicos y migratorios

Guarequena Gutiérrez, la embajadora en Chile designada por el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, informó este martes a Efe de que renunció a su cargo porque por "razones económicas y migratorias" no puede atender las responsabilidades que conlleva esta representación diplomática.

Gutiérrez fue nombrada el 29 de enero de 2019 representante diplomática en Chile por Guaidó, líder opositor que desató una tormenta política ese año al no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y proclamar un Gobierno interino liderado por él.

Abogada que este mes cumplirá 37 años, Gutiérrez explicó que representar en Chile a Guaidó, que cuenta con el apoyo de más de 50 países, era algo que hacía con "dedicación exclusiva" y sin remuneración, y para lo que tuvo que dejar su anterior trabajo en una empresa importadora.

Ahora, por motivos económicos y por la necesidad de renovar su visa en el país, necesita abandonar esta labor para encontrar un trabajo remunerado y cumplir así los requisitos para poder permanecer en Chile de forma regular.

"Económicamente no he tenido un salario ni lo que eso conlleva: cotizaciones, inclusión en el servicio de salud de Chile y en el sistema de pensiones, poder optar a una visa de permanencia en el país, etc., y tengo una visa que caduca en septiembre y tengo que comenzar a solicitarla en julio", explicó.

Compaginar la representación de la Administración de Guaidó con un trabajo remunerado es algo que ve imposible porque "la labor diplomática y política que hay que hacer para mantener en las agendas internacionales a Venezuela es constante y lleva mucho tiempo".

"No es algo a lo que puedas dedicarte la mitad del tiempo, y sería una falta de respeto con el país dedicarle unas horas y no dedicación exclusiva", comentó.

Y desde el otro punto de vista, consideró que no sería ético y moral tener un trabajo formal al que no se puede asistir o atender correctamente dada la labor que exige la representación diplomática.

"Incluso te pueden abrir una investigación administrativa y ser deportado y si estamos luchando por el Estado de derecho en Venezuela hay que cumplir las leyes de otros países", indicó.

Respecto a la persona que ocupará ahora su puesto, Gutiérrez indicó que será nombrada por la Asamblea Nacional que preside Guaidó, a la que se refirió como "el único bastión democrático que tiene Venezuela".

Radicada en Chile desde 2018, Gutiérrez aseguró que pese a su renuncia al cargo que desempeñaba hasta ahora seguirá trabajando por los venezolanos radicados en el país y apoyando el Gobierno de Guaidó.

Fuente: EFE

Chile pide a Venezuela que facilite la repatriación de sus connacionales

La Cancillería chilena envío una nota a las autoridades venezolanas para solicitarles que faciliten el retorno a su país de los cientos de venezolanos que acampan a las afueras de la embajada de Venezuela en Santiago pidiendo ayuda para regresar a sus hogares.

Así lo informó este viernes a la prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, quien agregó que "el Gobierno de Chile está dispuesto a colaborar para que estas personas regresen a Venezuela" pero que se necesitan que las autoridades de ese país les permitan entrar.

El canciller chileno agregó que le han pedido a las autoridades venezolanas "que den protección y ayuden a las personas que están acampando fuera del Consulado venezolano" con intención de volver a su país.

Unos 600 ciudadanos venezolanos permanecen acampados a las afueras de la embajada de su país en Santiago de Chile pidiendo ser repatriados, tras verse afectados por la crisis económica generada por el coronavirus y el cierre de fronteras que muchos gobiernos han decretado para contener la pandemia.

El último vuelo entre Santiago y Caracas tuvo lugar el pasado 5 de mayo y trasladó a 250 personas a sus hogares, pero más de 15 días después la calle de la embajada venezolana en Santiago se ha convertido en un campamento donde varios centenares más de venezolanos piden ayuda poder regresar.

Las oficinas consulares venezolanas de la capital chilena están vacías y los afectados denuncian que no existe información oficial del Gobierno venezolano respecto a la situación que, como ellos, atraviesan muchos de sus compatriotas en otros países.

"Visité la calle de forma anónima y pude constatar la situación que aqueja a cientos de venezolanos que han instalado carpas no sólo en la vereda sino también ocupando una de las vías de circulación de los automóviles y obviamente con el clima actual, bajas temperaturas y la amenaza de lluvia, están en una situación difícil", dijo el canciller chileno .

El ministro comentó que la Iglesia católica y la municipalidad del barrio en el que se encuentran les han ofrecido ayuda y el poder alojarse en otro lugar, algo que algunos han aceptado mientras que otros han decidido permanecer acampados "con el fin de testimoniar su apremio de poder retornar a Venezuela".

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas chileno y el Departamento de Extranjería y Migración (dependiente del Ministerio del Interior de Chile), al 31 de diciembre de 2019 se contabilizaban 1.492.522 extranjeros en el país, de los cuales el 30,5 % corresponden a ciudadanos venezolanos, lo que convierte a la colonia venezolana en la más extensa en Chile.

Fuente: EFE

Migrantes peruanos acampan frente al consulado en Chile para exigir el regreso a su país

Medio centenar de peruanos se instalaron en un campamento frente al Consulado de Perú en Santiago de Chile para reclamar a las autoridades el retorno a su país, pese al cierre de fronteras decretado hace más de un mes por la pandemia de coronavirus, informaron hoy medios locales.

Con carpas y valijas, unos 52 peruanos acampaban hoy frente a la sede diplomática para solicitar a las autoridades el traslado a la frontera, donde realizarían una cuarentena antes de regresar a sus ciudades, informó el diario La Tercera.

“Que nos den la manera de ayudarnos y de pasarnos hasta Tacna (ciudad peruana fronteriza con Chile), y nosotros pasar la cuarentena en Tacna”, indicó uno de los coordinadores del grupo, donde -según explicó- hay dos centros habilitados para que las personas puedan cumplir el aislamiento.

Desde el pasado domingo, ciudadanos peruanos comenzaron a concentrarse frente al consulado para emular el reclamo hecho la semana pasada por un grupo de migrantes bolivianos varados en Chile, que logró ser transportado a la frontera por las autoridades.

Según explicó uno de los acampantes, cada día llegan más personas afectadas por la crisis del coronavirus en Chile: muchos de ellos trabajaban en restaurantes y están ahora desempleados por la parálisis económica que impone la cuarentena, mientras que otros vinieron por turismo y quedaron bloqueados por el cierre de fronteras.

El regreso a sus países por cuenta propia resulta inviable para este grupo de personas, que en algunos casos se han quedado en situación de calle.

El cónsul peruano se acercó esta mañana al lugar para ofrecer dinero para pagar un alquiler a las personas en situación más vulnerable y advirtió al grupo que si llegaban más personas a acampar al lugar, la policía tendría que sacarlos, según señaló uno de los coordinadores citado por La Tercera.

Una oferta que fue rechazada por los manifestantes, que exigieron el regreso a su país.

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile, una de las redes promigrantes más importantes del país austral, presentó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor de los peruanos varados en Chile, que cifran en 350.

La organización argumentó que los peruanos quedaron varados tras anunciarse el cierre de todos los pasos fronterizos como medida cautelar para contener la expansión del coronavirus.

Perú, con 36.976 casos de Covid-19 y 1.051 fallecidos, cerró todas sus fronteras el pasado 16 de marzo y decretó cuarentena obligatoria a nivel nacional. En Chile, donde el confinamiento es más suave, se registraron 16.023 contagiados y 227 fallecidos.

En las últimas semanas, la tensión en la frontera entre ambos países ha aumentado, después de que el pasado 14 de abril militares chilenos denunciaron ser objeto de disparos por parte de militares peruanos motivado por el ingreso de un ciudadano desde el país suramericano.

Fuente: Télam

Bolivianos que acamparon en consulado en Chile volverán a su país tras hacer cuarentena

Unos cuatrocientos ciudadanos bolivianos que instalaron un campamento callejero afuera del consulado de su país en Santiago en pleno brote de coronavirus podrán volver a su país después que cumplan con dos semanas de cuarentena, informó el martes la cancillería chilena.

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Teodoro Ribera, conversó con su par boliviana Karen Longaric para resolver la situación del grupo, que no lograba volver debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Los ciudadanos bolivianos se trasladarán a la ciudad de Iquique, en el norte de Chile, donde cumplirán con el período de confinamiento.

“Esa cuarentena va a ser reconocida en Bolivia”, aseguró el canciller. “Es una señal de colaboración relevante entre los dos países” vecinos, añadió el funcionario, que también recibió por la tarde al cónsul boliviano.

El grupo de personas varadas, entre las que hay niños, esperaban la aprobación del gobierno de La Paz para retornar, había dicho más temprano Evelyn Matthei, alcaldesa del rico municipio de Providencia donde está la sede consular.

Aunque Providencia no está actualmente en cuarentena, otra parte de Santiago sí lo está y las normas vigentes impiden las reuniones de más de 50 personas.

El expresidente boliviano Evo Morales había criticado a través de su cuenta de Twitter que el consulado “permanece cerrado, sin otorgar ninguna ayuda” y pidió que la Cancillería de su país los asistiera.

Hace unas semanas, grupos de inmigrantes bolivianos que perdieron sus fuentes de trabajo en Chile en medio del brote de coronavirus ya habían quedado varados en el extremo norte del país, esperando volver a su hogar.

“Para nosotros es importante que la gente que ha venido a trabajar a Chile, que eran temporeros, cuyo trabajo se acabó, puedan regresar a sus países a la brevedad posible, en buenas condiciones”, dijo el canciller Ribera.

Fuente: Reuters