Un
juez chileno ordenó este sábado prisión preventiva para seis de diez imputados
en delitos tributarios, sobornos y otros delitos en el llamado caso Penta,
entre ellos dos poderosos empresarios y un ex subsecretario de Minería,
informaron fuentes judiciales.
Tras
una audiencia que comenzó el pasado miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía
de Santiago, el juez Juan Manuel Escobar expuso su resolución, que involucra a
los controladores y ejecutivos del Grupo Penta, un banco de inversión que
maneja activos por más de 20.000 millones de dólares y a exfuncionarios del
Servicio de Impuestos Internos, entre otros.
El
juez resolvió la prisión preventiva a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio
Lavín, dueños y controladores de Penta, a Hugo Bravo, exgerente general, a
Marcos Castro, exgerente de Contabilidad del Grupo, a Pablo Wagner,
subsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y a
Iván Álvarez, ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), que
estaba preso desde antes.
A
Manuel Antonio Tocornal, actual gerente general de Penta, le impuso arresto
domiciliario total y arraigo nacional (prohibición de abandonar el país).
Juan
Martínez, también ex fiscalizador del SII, deberá cumplir arresto domiciliario
nocturno, mientras Carlos Bombal, asesor del grupo financiero, y Samuel
Irarrázaval, gerente de una sociedad asociada, quedaron con arraigo nacional y
firma semanal en una comisaría de Carabineros.
El
magistrado estableció además un plazo de 120 días para que la Fiscalía complete
la investigación antes del juicio oral contra los imputados, algunos de los
cuales arriesgan penas de hasta 15 años de prisión al haber presuntamente
cometidos delitos graves de forma reiterada.
El
fiscal nacional, Sabas Chahuán, ya había anunciado que se investigará
"todo lo que sea necesario", con relación a la existencia de
contratos para operaciones a futuro que surgieron durante la audiencia, entre
los cuales figura uno entre Penta y una empresa del expresidente Piñera.
"La
investigación es seria. Ha sido muy compleja, tiene múltiples aristas, múltiple
documentación. Lo que me importa a mí es que todos tengan claro que nosotros
vamos a investigar todo lo que sea necesario", sostuvo.
El
caso Penta tiene también una arista política, tras haber revelado Hugo Bravo,
uno de los imputados, que el grupo financiaba las campañas electorales de
numerosos políticos del conservador partido Unión Demócrata Independiente
(UDI), a través de contratos por negocios ficticios que se pagaban con boletas
falsas.
Carlos
Délano y Carlos Lavín han sido históricamente afines a la UDI, Carlos Bombal,
alcalde de Santiago durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue después
senador por ese partido y vicepresidente del mismo y Pablo Wagner renunció el
pasado noviembre a su militancia, tras ser imputado en este caso.
La
arista política del caso también ha salpicado a figuras de otros sectores
políticos, como Andrés Velasco, ministro de Hacienda en el primer Gobierno de
Michelle Bachelet (2006-2010) y a Alberto Undurraga, actual ministro de Obras
Públicas.
En
la audiencia del sábado, el juez acogió la mayoría de lo solicitado en la
audiencia por el Ministerio Público, salvo en los casos de Hugo Bravo y Marcos
Castro, para quienes la Fiscalía no había pedido prisión preventiva por
considerar que han colaborado con la investigación.
Escobar
en estos casos acogió la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE),
querellante en el caso, que había pedido la cárcel para ambos.
"Los
acuerdos a los que pueda llegar el Ministerio Público con las defensas para no
aplicar la prisión preventiva no son aplicables al tribunal", dijo el
juez, que añadió que la libertad de ambos "es peligrosa para la
sociedad", además de remarcar que en esta etapa del proceso no procede la
atenuante de la "delación compensada".
Los
imputados con prisión preventiva fueron llevados de inmediato, por pasillos
internos del Centro de Justicia, al Anexo "Capitán Yáber", un recinto
carcelario para presos por delitos económicos situado a menos de 100 metros del
tribunal.
Las
defensas de los encarcelados apelarán la medida.
Fuente:
EFE