A través de 6 artículos se impulsa que Chile aplique los principios de Basura Cero a nivel constitucional. La Iniciativa Popular de Norma (IPN) 57.446 “Hacia un Chile sin Basura” fue presentada por la Alianza Basura Cero, compuesta por 15 organizaciones que incluyen al Colectivo VientoSur, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago, la Fundación Basura y el Movimiento Nacional de Recicladores de Chile.
Movimiento Nacional de Recicladores de Base
El objetivo es que el Estado promueva a través de una gestión descentralizada y comunitaria “que industriales, consumidores, ciudadanos, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil transiten a modelos basura cero”. Todo apostando a una integración de todos los actores relevantes para la sociedad. Es decir, por ejemplo, que centros de salud separen sus residuos en compostables, reciclables y basura no recuperable. Al mismo tiempo que se genera un proceso de educación a la población, actores públicos y privados, sobre el tema.
Alejandra Parra, gestora de iniciativa Hacia un Chile sin Basura
La gestora de la iniciativa que busca que el Estado fomente el paso de un sistema de producción lineal a uno cíclico, Alejandra Parra, explica que la “perspectiva Basura Cero intenta quitar el foco del manejo de basura que siempre ha estado puesto en donde esconder la basura y ponerlo en el origen del problema ¿por qué producimos basura?¿de dónde viene?¿cómo dejar de producir basura?”.
Hacia un Chile sin Basura
Sólo en el año 2018 se generaron 19.6 millones de toneladas de residuos sólidos, en palabras del Informe del Estado del Medio Ambiente 2020. Más de la mitad de ellos, es decir, el 53% fue originado de manera industrial; un 42% a nivel municipal; un 2% a través de lodos de plantas de tratamientos de aguas servidas y un 3% forma parte de residuos peligrosos.
Para Parra, la IPN Hacia un Chile sin Basura apunta a que “el Estado se preocupe de este tema. Intervenga en el sistema de recuperación de materiales. También se legisle para regular la producción y venta de productos desechables para garantizar el derecho a reparar los artefactos que uno compra”. De esta forma “fomentar la actividad de la reparación como una actividad económica sustentable que genera empleos, así como el reciclaje que debe ser ejercido por los recicladores de base que son quienes han desarrollado esta actividad por décadas sin ningún apoyo institucional y que hoy están compitiendo con empresas privadas que están viendo esta actividad como un nicho económico”.
Este nicho se habría abierto con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP), que es criticada por la organización ya que “fomenta el reciclaje, pero deja fuera a los recicladores de base y además no se preocupa en el origen de la basura”.
Justamente un punto crucial es que la norma le da reconocimiento constitucional a las y los recicladores de base, que según aproximaciones, ya que no hay un catastro oficial, corresponden a más de 60 mil . Al mismo tiempo se les asegura su participación en el sistema de recuperación de materiales mediante entrega de recursos y capacitación.
“Lo que buscamos con esta IPN es sentar las bases institucionales para que el país promueva la estrategia basura cero y se implemente progresivamente en todos los territorios y dejemos de transformar tanto la naturaleza en basura como nuestros territorios en basureros”, finaliza.
