Los chilenos recordaron hoy con emoción el terremoto de 8,8 grados que hace dos años devastó la zona centro-sur del país, mientras el Gobierno y la oposición siguen enfrascados en un debate sobre el avance de la reconstrucción y las responsabilidades políticas.
A las 03.34 hora local, habitantes de diversas localidades del Maule y Biobío, las regiones más devastadas por el terremoto y posterior tsunami que arrasó sus costas se reunieron para recordar a las víctimas y expresar su malestar por la lenta reconstrucción de viviendas.
La catástrofe del 27 de febrero de 2010 dejó 525 muertos y 25 desaparecidos, 800.000 damnificados y daños materiales cuantificados en 30.000 millones de dólares.
En Constitución, a 370 kilómetros al suroeste de Santiago, en la región del Maule, numerosos habitantes se reunieron para recordar a las 102 personas que murieron y a las 10 que aún continúan desaparecidas.
Allí se instaló un sendero de velas y se nombró una a una las víctimas de aquella fatídica madrugada.
El alcalde de Constitución, Hugo Tillería, criticó la lenta reconstrucción de viviendas y sostuvo que “las personas ya están absolutamente cansadas”.
“En un principio se dijo con claridad que iban a tener derecho a subsidio los dueños de las viviendas, los arrendatarios y los allegados”, dijo a Radio Cooperativa el alcalde, quien lamentó que esas ayudas apenas han llegado a la población.
En Dichato, en la región del Biobío, que fue arrasada por el tsunami, se conmemoró la tragedia con tristeza por la gran cantidad de personas que permanecen aún en viviendas de emergencia, dijeron a Efe dirigentes del campamento El Molino, la mayor aldea de damnificados del país con más de 2.000 personas.
En Concepción, a 515 kilómetros al sur de Santiago, los vecinos del edificio Alto Río, que se desplomó como un castillo de naipes y cuya imagen se transformó en símbolo de la catástrofe, escucharon la narración de diversos testimonios y lanzaron globos blancos en recuerdo de los fallecidos.
En la capital, el presidente Sebastián Piñera recordó a las víctimas durante la entrega de un colegio que fue reconstruido tras el terremoto.
En su discurso, Piñera afirmó que los fallecidos esa madrugada son “la pérdida más dolorosa” que dejó el terremoto y la gran motivación del Gobierno para “reconstruir el país”.
Piñera aseveró que países “muchísimo más ricos” como Estados Unidos o Japón también han sido golpeados por catástrofes naturales y se han fijado plazos de diez años para la reconstrucción.
“En Chile nos fijamos el plazo de cuatro años para reconstruir el cien por cien de los destruido (...) Es una misión muy exigente y ambiciosa”, manifestó.
Aseguró que el Gobierno ha conseguido reconstruir y reparar dos tercios de los edificios e infraestructuras dañados por el terremoto. “Es algo objetivo, que se puede demostrar con cifras”, dijo.
El debate en torno al avance de estos trabajos ha tensado el ambiente político durante los últimos días.
En un informe publicado recientemente, el Gobierno sostuvo que los trabajos muestran un progreso del 68 % a nivel global, aunque en materia de vivienda el nivel de cumplimiento es de un 47 %.
Estos datos fueron refutados por la oposición, alcaldes y pobladores de las zonas afectadas.
La Concertación, entregó hoy su propio informe, en el que sostienen que el avance de la reconstrucción es de un 29 %, con solo un 11 % de progreso en el caso de las viviendas.
Según el documento, el Gobierno infló sus cifras mezclando obras terminadas con otras que aún están en ejecución y al contabilizar como definitivas algunas viviendas entregadas con carácter temporal.
“Ha habido falta de transparencia de parte del Gobierno en los datos entregados”, dijo hoy a los periodistas el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.
“Esto no es un tema de cifras, sino de personas que viven las consecuencias de la catástrofe y no tienen solución”, añadió.
El caso tuvo novedades hace algunas semanas en el plano judicial, con la investigación sobre la fallida alerta de tsunami tras el terremoto, que coincidió con los últimos días del mandato de la presidenta Michelle Bachelet.
Por esa fallida alerta, que se emitió pero se retiró antes de ser comunicada a la población, la Fiscalía pidió procesar por presunta negligencia a ocho civiles y militares, entre ellos el entonces subsecretario chileno del Interior, Patricio Rosende.
Algunos ministros del actual Gobierno conservador y dirigentes de los partidos que lo secundan llamaron a Bachelet a asumir su responsabilidad política en el asunto.
La oposición, en tanto, criticó lo que ve como un intento de desprestigiar a la expresidenta, la principal carta electoral de la Concertación para los comicios presidenciales de fines de 2013.
El portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, dijo hoy que no se puede determinar la responsabilidad política directa de un presidente en una catástrofe como la de 2010, pero consideró que “un Gobierno tiene que hacerse cargo” de que la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) estaba con “limitaciones muy serias” para enfrentar una tragedia.
