Como una señal
clara de apoyo en defensa de la función pública, calificó el Consejo Regional
Iquique del Colegio de Periodistas la decisión del Consejo Regional de Tarapacá
(Core) de aprobar un “voto político” para defender a los periodistas de los servicios
públicos, al igual que al resto de los funcionarios públicos, ante las
desvinculaciones arbitrarias que podrían producirse al concluir el año. Y de
este modo, evitar que ocurran desvinculaciones arbitrarias como acontecieron en
el 2018, en la región.
La solicitud,
que fue presentada por el gremio, fue aprobada por 11 votos en la sesión
plenaria del Consejo Regional del pasado martes, definiendo así un respaldo a
la dignidad de la función pública y estabilidad laboral de los trabajadores
fiscales, especialmente, porque en noviembre próximo se definen si se renuevan
o no las contratas de los funcionarios de los distintos servicios públicos.
Para Domingo
Olivares, presidente regional del gremio de los periodistas, lo importante del
voto político aprobado por el Core “es un paso adelante respecto de resguardar
los derechos de los trabajadores, principalmente, porque durante el 2018 fueron
despedidos injustificadamente 15 periodistas de organismos públicos, mientras
que otros tres debieron renunciar por hostigamientos y maltrato laboral”.
Añadió que esa
práctica es insostenible, sobre todo, “porque se pasaron a llevar los
dictámenes de la Contraloría General de la República, provocando menoscabo a
los trabajadores y, al mismo tiempo, generando una mayor precarización laboral.
Es por ello por lo que agradecemos a los consejeros regionales que apoyaron de
manera transversal, nuestra solicitud para terminar con estas malas prácticas”,
acotó Domingo Olivares.
Al respecto,
acotó que como gremio también están trabajando en conjunto con la Anef, para
evitar que este año se produzcan casos de arbitrariedad por parte de las
autoridades.
Concluyó que “lo
que nos parece trascendental es que, al momento que la autoridad respectiva
tome decisiones, se consideren los dictámenes Nº 22.766 y 23.518 de la
Contraloría General de la República que establece jurisprudencia sobre el
personal a contrata, la renovación de ésta, requisitos y el acto administrativo
que procede, considerando la “confianza legítima” que aplica a todos los
trabajadores del Estado. Esto es que, tras dos renovaciones a lo menos de la
contrata de funcionarias y funcionarios, se establece que están bajo el amparo
del principio de confianza legítima y, por lo tanto, de no existir razones
fundadas, no pueden ser apartados de la función pública”.
