La iniciativa
liderada por Marcelo Mena, ex ministro y Jorge Canals ex subsecretario del
Gobierno de Bachelet convoca a expertos en políticas públicas ambientales, la
academia y ONG.
Ad
portas del inicio de un proceso constituyente que convocará a las y los
chilenos para dotarse de un nuevo pacto político y social para construir una
sociedad más justa, ex autoridades del Gobierno de Bachelet lanzan el decálogo
para el Constitucionalista Verde, documento que cuenta con el respaldo de personalidades
del mundo ambiental y que ha sido liderado por Marcelo Mena, ex ministro y
Jorge Canals, ex subsecretario de la cartera de Medio Ambiente.
Esta
iniciativa es el resultado de una serie de conversatorios donde la consigna fue
“Recicla la Política”, proceso que tuvo más de 65 mil visitas y donde
participaron actores de diversos ámbitos; La Academia, ONG, ex autoridades de
gobierno y expertos en políticas públicas en materia ambiental, quienes
acordaron suscribir un documento que incluye 10 ejes como derechos
fundamentales para el cuidado del medio ambiente y una constitución política y
socialmente sustentable.
“Este
instrumento, es una idea que nace bajo la urgente necesidad de redactar una
nueva carta fundamental más ecológica, donde los constituyentes se sientan
identificados con temas ambientales que han tenido graves consecuencias en
nuestra historia. Nace en medio de una crisis climática, ambiental, sanitaria y
social, pero es desde ahí donde tenemos la oportunidad de hacer una Constitución
que favorezca una transición ecológica necesaria para alcanzar un desarrollo
sustentable y pleno de sus ciudadanos”, comenta Marcelo Mena.
La
crisis socioambiental que golpea a nuestro país desde hace ya una década, siempre
ha tenido como principales afectados a quienes se encuentran en una situación
de mayor vulnerabilidad o quienes han tenido que vivir en las llamadas zonas de
sacrificio, lugares donde la opción Apruebo logró un amplio triunfo, dando
cuenta de la necesidad de un futuro más equitativo y justo ambientalmente. Esto
también ha quedado demostrado, cuando la ciudadanía se ha manifestado en contra
de proyectos contaminantes o pasivos ambientales que van en desmedro del desarrollo
sustentable y la protección del medio ambiente, como los frecuentes problemas
de contaminación en Quintero y Puchuncavi, sequía en la provincia de Petorca, la
instalación de proyectos como Dominga etc.
Para
Soledad Mella, Presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile,
este decálogo es una gran oportunidad para el país y los ciudadanos de tomar
conciencia del daño que muchas veces provocamos al planeta. “Una constitución
más ecológica además de ser un derecho, es una invitación a adoptar sistemas de
vida y hábitos de consumo más saludables y sustentables, vivir de manera más
consciente y no bajo la cultura de lo desechable. Nos falta mucho como sociedad
para avanzar en estos temas, por eso apoyo los 10 puntos de este decálogo y
espero que los candidatos constitucionalistas se adhieran”, señala la
dirigente.
Para
el ex subsecretario Canals este es un tema sin medias tintas, “Queremos
impulsar como tema central de la próxima Constitución el derecho a que los y
las chilenos efectivamente vivan en un medio ambiente sano y equilibrado,
impulsando a que las y los futuros constituyentes, reconociendo la actual
crisis climática y ambiental, se comprometan a una nueva Constitución que se
base en un pacto político en favor de la protección del medio ambiente y de la
armonía entre la sociedad y la naturaleza, sostiene Canals. Esperamos que todos
los candidatos y candidatas constitucionalistas declaren su apoyo a este
decálogo y puedan defender los temas propuestos como claves para una
constitución verde”, concluye la ex autoridad.
Por
su parte el abogado y profesor de la Universidad de Chile asume este decálogo
como un desafío: “La nueva constitución debe crear un poder público capaz de
enfrentar los intereses que son afectados por las regulaciones necesarias para
asegurar un desarrollo sustentable, lo que supone, por una parte, una política
libre de los cerrojos de la Constitución tramposa y, por otra, mecanismos de
participación ciudadana que den legitimidad y en consecuencia la capacidad de
acción necesaria. No es difícil declarar que debemos cuidar el medio ambiente,
la biodiversidad, proteger zonas de sacrificios; lo decisivo es que haya un
poder político capaz de hacer realidad estas declaraciones. Mi temor es que la
discusión se concentre en las declaraciones, y que las cuestiones de
configuración del poder queden relegadas a discusiones entre especialistas. Lo
anterior será menos conflictivo de lo que nos parece a todos una vez que todos
entendamos lo que a mi juicio es evidente, que no hay vuelta atrás en el
proceso constituyente, que si este fracasa la consecuencia no será volver al 18
de octubre viviendo todos en paz en un oasis bajo la Constitución de 1980, sino
una crisis política de proporciones. Cuando esto sea claro para todos, seremos
capaces de reconocer un interés común en el éxito del proceso constituyente”,
comenta el abogado.
Se
espera que los elegidos para redactar la nueva carta fundamental, adhieran a
este decálogo apoyando un pacto social y ambiental. La ciudadanía podrá votar
por quienes se comprometen a una nueva constitución verde, con la cual hacer
frente a las crisis sociales y ambientales del siglo 21. Para eso, los candidatos
se podrán identificar en su campaña con el Sello de Constituyente Verde y
plasmar esto en la redacción de la nueva Constitución. La plataforma www.reciclalapolitica.cl publicará
la información de todos los constituyentes verdes, de manera que la ciudadanía
se pueda informar de este nuevo pacto.
El
decálogo fue impulsado por los siguientes fundadores.
Valentina
Duran, Profesora de Derecho Ambiental, Universidad de Chile.
Macarena
Maturana, Directora Ejecutiva CEMPRE
Ana
Lya Uriarte, Ex Ministra Ministerio de Medio Ambiente, ex Jefa de Gabinete de
la ex presidenta Michelle Bachelet y ex Ministra de Medio Ambiente.
Paulina
Astroza, Profesora de Derecho Internacional, Universidad de Concepción
Verónica
Delgado, Profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Concepción
Ximena
Insunza, Profesora de Derecho Ambiental, Universidad de Chile.
Alejandra
Figueroa, Ex jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Ministerio
de Medio Ambiente.
Paloma
Infante, Ex Fiscal Ministerio de Medio Ambiente.
Natalia
Alfieri, Abogada ambiental.
Maximiliano
Bello, Ambientalista e impulsor de la protección oceánica.
A
continuación, presentamos el decálogo del constituyente verde. Para más
información ingresa a www.reciclalapolitica.cl
Derecho a la
justicia ambiental.
Defender en la convención constitucional principios que recojan las demandas
sociales y ambientales:
De
distribución justa de las cargas y beneficios ambientales y de democracia
ambiental,
De
protección ambiental, de progresividad y no regresión de estándares ambientales.
De
precaución, de responsabilidad y de resiliencia climática.
Derecho a equidad
intra e intergeneracional. Principio de justicia o solidaridad intra e
intergeneracional, para la distribución equitativa y mantención de los
ecosistemas y bienes comunes, recogiendo el igual derecho de todos los
habitantes y de las generaciones futuras a disfrutar de la naturaleza, del
planeta, y de las oportunidades de desarrollo que brinda. Un modelo de
desarrollo sostenible, que incluya una economía distributiva y regenerativa,
enmarcada en los límites de la biosfera, centrado en el bienestar y la
prosperidad de las personas. Una constitución que nos permita volcarnos del
extractivismo imperante que causa que cada dólar de ingreso que genere el país
se extraiga 5 veces más materiales que la media de la OCDE. Una constitución
que nos permita implementar un modelo renovable, que permita bienestar
permanente, y que no se agote como las materias primas no renovables que han
marcado el crecimiento de nuestros primeros 200 años como país.
Derecho a vivir
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Promover en la
convención constitucional este Derecho Fundamental que incluye el aire limpio,
amparado por mecanismos efectivos y oportunos tales como un recurso
constitucional, y medidas de protección y que proteja a los defensores de
derechos humanos en asuntos ambientales.
Democracia
Ambiental.
Garantizar los derechos procedimentales de acceso a la información, a la
participación pública y a la justicia en asuntos ambientales, con un enfoque
prioritario en las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y la
protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en
línea con los estándares del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo la toma de decisiones.
Establecer un
estado plurinacional.
Promover el Debido respeto a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, en
un estado plurinacional, que reconozca nuestro patrimonio cultural histórico.
Luchar contra el
cambio climático.
Incorporación del Cambio Climático y la necesidad de un clima más seguro considerando
las implicaciones éticas, políticas, sociales y económicas, promoviendo la
incorporación de deberes de adaptación, mitigación, y transición justa frente
al cambio climático, de brindar a los ciudadanos los esfuerzos de un clima más
seguro, y que tome los resguardos que permitan perpetuar nuestros logros como
país, a través de una prevención de desastres y una adaptación al cambio
climático.
Una sociedad diversa
e inclusiva.
Promover la discusión de un modelo de sociedad sostenible e inclusiva, con
enfoque de género, que permita edificar una “sociedad de cuidados”, una
universalización del cuidado para que sea compartido de manera igualitaria
entre mujeres y hombres, y un pacto social que supere una sociedad patriarcal y
se haga cargo para las desigualdades de género, y que permita una discusión
abierta y democrática de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Un
estado que reconozca la diversidad de orientación sexual, y que brinde a sus
ciudadanos los mismos derechos de contraer matrimonio, y tener una vida
familiar plena. Una sociedad que
reconozca que la familia del siglo 21 se define por las afecciones entre los
miembros, y no por estructuras definidas por religiones en particular.
El deber del
estado de proteger la biodiversidad. Debatir la opción de situar a la
naturaleza, bosques, ríos. ecosistemas y seres sintientes como sujetos de
derechos o de particular protección. En concordancia, promover el
establecimiento de principios constitucionales que mandaten el uso racional y
sostenible de los recursos o elementos naturales que tiene el país y en
beneficio de las grandes mayorías.
Descentralización
política y tributaria. Incorporar en la discusión constitucional el derecho
a la ciudad, como espacio de desarrollo de las vidas de las personas, libre de
contaminación, dotado de un transporte público justo y limpio, con vías
adecuadas y seguras para los peatones y ciclistas, y donde se reconoce la
gestión comunitaria de los espacios y bienes comunes. Un derecho a la ciudad,
que contemple una descentralización efectiva en lo administrativo y
presupuestario y la valoración del conocimiento local. Que permita que un
alcalde y su concejo puedan tomar decisiones sobre lo que ocurre, y que no
dependa de tutelas de representantes regionales de los gobiernos centrales. Que
permita a los gobiernos locales hacer uso y beneficio de tributos ambientales
que se recaudan en sus territorios, y que se permitan utilizar para la
recuperación ambiental de las zonas impactadas por las actividades
contaminantes.
Derecho de
acceso al agua para consumo humano y para sustentar ecosistemas. Derecho humano
al acceso y saneamiento considerando al Agua como un bien común. Priorizar
constitucionalmente el consumo humano y el rol como soporte de los ecosistemas,
junto con reconocer formas colectivas de gestión y propiedad. Una constitución
que proteja los glaciares y su rol en el ciclo hídrico.
