La Policía chilena suspendió este
martes temporalmente el uso de perdigones y balines en las protestas en las que
no esté en riesgo la vida de los agentes, días después de que un informe
revelase que los proyectiles usados en el estallido social no son solo de goma,
sino que también tienen plomo.
"Como una conducta de prudencia,
se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta
antidisturbios", anunció en una comparecencia el director general del
cuerpo de seguridad, Mario Rozas, quien días atrás había negado la existencia
de otros componentes en los proyectiles aparte del caucho.
Los perdigones y balines, apuntó,
"solo podrán ser utilizados, al igual que las armas de fuego, como una
medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro
inminente de muerte".
Proyectiles con un 80% de plomo
El Departamento de Ingeniería Mecánica de
la estatal Universidad de Chile publicó el fin de semana un informe en el que
denuncia que los proyectiles usados por los Carabineros están compuestos en un
20 % de caucho y en un 80 % de plomo, silicio y sulfato de bario.
"El plomo es un metal que puede
tener consecuencias graves en el organismo como daño en los riñones, abortos
espontáneos en el caso de las embarazadas, daño al cerebro y perturbaciones al
sistema nervioso", dijo el centro de estudios.
El director de carabineros indicó este
martes que la institución realizó otro estudio que, si bien no coincide con el
informe de la Universidad de Chile, sí revela "diferencias con la
composición declarada por el proveedor en su ficha técnica".
Rozas, que no dio detalles sobre el
informe realizado por su institución, explicó que los proyectiles fueron
adquiridos en 2017 a la empresa TEC Harseim, que los promociona como perdigones
de goma de calibre 12, con un tamaño de 8 milímetros y un peso de 7 gramos cada
uno.
La suspensión de los proyectiles se
mantendrá hasta que el proveedor aclare la situación y se reciban los
resultados de varios estudios "complementarios" que la institución ha
encargado a laboratorios extranjeros, agregó el director.
Al menos 1.360 heridos por disparos de
bala, perdigones o balines
La brutalidad con que las fuerzas de
seguridad están reprimiendo las marchas ha sido denunciado por diversas
asociaciones civiles y varios organismos internacionales se encuentran en el
país investigando supuestas violaciones de derechos humanos.
El estallido social iniciado hace un
mes, el mayor desde el retorno de la democracia en 1990, ha dejado al menos 23
muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes- y 2.381 heridos, de
los cuales 1.360 fueron por disparos de bala, perdigones, balines o armas de
fuego no identificadas, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH).
Los casos más preocupantes para el INDH
son los 222 manifestantes que recibieron disparados en el rostro por los
carabineros y que presentan graves heridas oculares.
El propio presidente, el conservador
Sebastián Piñera, reconoció por primera vez el domingo en una comparecencia que
ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de
seguridad y se comprometió a investigar y sancionar esos atropellos.
Lo que empezó siendo un llamamiento de
los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar
contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón
en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama
por un modelo económico más justo.
Las marchas, que comenzaron siendo
multitudinarias, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue
existiendo descontento en las calles y muchos manifestantes desconfían de las
tibias medidas sociales anunciadas por el Gobierno y el acuerdo parlamentario
sobre una nueva Constitución.
Fuente: EFE
