Luego de ocho años en el Congreso, el Presidente Sebastián Piñera, promulgó la Ley de Migraciones, que viene a reemplazar a la actual ley de Extranjería, que data de 1975. Durante su promulgación, realizada este sábado 10 de abril en Iquique, el mandatario señaló que el principal objetivo de esta nueva normativa “es tener una política de migraciones ordenada, segura y regular, que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal”, a lo que José María Hurtado, parte del equipo asesor que participó en la redacción de la ley, agrega que además “establece una serie de derechos y garantías para los migrantes que son fundamentales en cualquier sociedad democrática y un avance sustantivo respecto de la ley vigente”.
Sobre este polémico tema, el abogado señala que en las últimas décadas en Chile se ha permitido el ingreso de extranjeros que en realidad venían a residir al país, “laxitud que generó una máquina económica detrás, se crearon agencias de viajes, una ruta aérea que no existía como la de Puerto Príncipe - Santiago, con efectos geopolíticos y socioeconómicos muy relevantes”. Ante este escenario, para el experto era necesaria legislar, debido a que la migración irregular muchas veces está asociada a la trata de personas, al tráfico de migrantes y a las situaciones de abuso y vulneraciones a sus derechos.
“La migración en sí, no es mala, el problema es la migración desordenada que genera un aumento sustantivo de la población extranjera en corto tiempo. Canadá, en 1990, tenía un 15% de extranjeros, en 2020 tenía un 21%, es decir creció seis puntos en 30 años. En cambio Chile creció esos mismos seis puntos porcentuales de su población migrante en apenas tres o cuatro años. Eso genera competencia por los servicios básicos del Estado, lo que finalmente produce xenofobia y rabia hacia el extranjero, además de una presión hacia la baja de los salarios y en la competencia por el acceso a los trabajo”, explica Hurtado.
Asimismo, declara que la migración es una necesidad para Chile, debido a que “hay una tasa de reemplazo de la población que es muy baja y eso implica que vamos a necesitar por lo menos 50 mil o 60 mil inmigrantes por año para suplir la cantidad de mano de obra para incorporarse al mercado del trabajo”, por lo que indica se trata de un desafío que nos va a acompañar en las próximas décadas. En esta línea, destaca que se trata, sin duda, de uno de los temas que serán abordados en la redacción de la Nueva Constitución.
En cuanto a los cambios en relación a la normativa vigente, el experto en migración aclara que esta nueva ley entrará en vigencia una vez publicado el reglamento de la Ley de Migraciones, que tiene un plazo de un año para estar listo. Aunque sí tiene vigencia inmediata sobre la regularización, que es muy relevante, porque hace una distinción entre los migrantes que entraron de forma regular a Chile y los que lo hicieron de forma clandestina, por pasos no habilitados. “Los que entraron al país con algún tipo de visado, pero que ya expiró, tienen un plazo de hasta 180 días a partir de hoy para solicitar un visado ante el departamento de extranjería y basta simplemente con no tener antecedentes penales para obtenerlo”, explica.
Sin embargo, enfatiza que no hay una regularización de ingreso clandestino, sino la posibilidad de las personas que entraron clandestinamente lo hagan de forma legal y sin ser sancionados si es que cumple los requisitos, para lo que deberán salir de Chile y volver a ingresar solicitado una visa.
José María Hurtado, trabajó en la Subsecretaría del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile. Fue asesor de Política Migratoria, responsable de la tramitación legislativa ante el Congreso Nacional del Proyecto de Ley de Migraciones y Extranjería (Boletín 8970-06), así como copartícipe de la concepción y aplicación de la Reforma Migratoria integral llevada adelante por la administración del Presidente de la República de Chile Sebastián Piñera. Además, es profesor del Magister de Derecho del Trabajo de la Universidad de Los Andes.