Amnistía Internacional (AI) pidió este miércoles a la Fiscalía chilena que investigue a los altos mandos del cuerpo policial de Carabineros por "permitir" que se cometieran violaciones a los derechos humanos en la ola de protestas que estalló en el país hace justo un año.
"Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas", dijo a Efe la directora para las Américas de AI, Erika Guevara.
A cinco días del primer aniversario del llamado estallido social, Guevara aseguró que "lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social."
La ONG con sede en Reino Unido señala en una nueva investigación al director general de Carabineros, Mario Rozas -cuya renuncia ha sido solicitada por la oposición en innumerables ocasiones-, así como el subdirector, Diego Olate, y el director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez.
Según AI, a pesar de existir un informe interno que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.
El pasado 18 de octubre estalló en Chile la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema con saqueos e incendios.
Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también críticas de la ONU.
De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares, de las que dos quedaron totalmente ciegas.
La impunidad "alentó" a los agentes
El nuevo informe de AI denuncia además que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos "permanecieran en sus puestos" y "alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante".
"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo", aseguró Guevara.
La última polémica protagonizada por Carabineros ocurrió el pasado de 2 de octubre, cuando un agente empujó a un adolescente al cauce seco de un río desde una altura de al menos siete metros, provocándole heridas de gravedad.
Las marchas contra el Gobierno y la desigualdad estuvieron suspendidas durante la pandemia, pero en las últimas semanas la gente ha vuelto a salir a la calles y se espera una reactivación de la crisis con el aniversario del estallido y el histórico plebiscito sobre una nueva Constitución, que se celebrará el 25 de octubre y que es la principal apuesta política para descomprimir la crisis.
Según AI, los abusos de Carabineros no se limitan al estallido social sino que forman parte de "un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial".
El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, convocó la semana pasada una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural del denostado cuerpo policial.
Fuente:
EFE
