Tras 50 días prófuga, se entregó a la justicia la ex intendenta Antonella Sciaraffia, por su supuesta participación en el "caso muebles", en el que se le acusa de haber adulterado documentos para dar licitación de computadores y muebles en colegios de Arica e Iquique.
La además ex diputada y jueza de policía local de Iquique, se presentó junto a su abogado, Nelson Rocco, en el Tribunal de Garantía de la ciudad a las 08:30 horas de este martes, según consignó el diario La Segunda.
Hasta el momento, según trascendidos, se pensaba que Sciaraffia había sido internada por una posible depresión o que se había fugado del país.
Según Rocco, su clienta no se había presentado antes a la justicia, debido a razones de salud, pero "el tema ya está zanjado y ella ya está mejor, por lo que fue de manera voluntaria hasta los tribunales. Así que esperamos que se realice la audiencia", dijo el abogado a Digital FM.
Las investigaciones de la Fiscalía de Iquique sobre Sciaraffia y otros ex funcionarios, por las presuntas irregularidades, significaron 1.300 millones de pesos, destinados al cambio de computadores e inmuebles de colegios de la región.
Formalización
En noviembre de 2011, la fiscalía formalizó a la jueza por adulterar documento para beneficiar a una persona para recibir la licitación por el cambio de muebles, los que luego fueron entregados en mal estado.
El Ministerio Público indicó que la ex jueza es investigada por fraude al Fisco, falsificación de instrumento publico y asociación ilícita. Sin embargo, al momento de pedir la prisión preventiva en su contra, Sciaraffia argumentó que en su calidad de ex magistrada, poseía fuero, por lo que existía un procedimiento especial.
Aunque el Juzgado de Garantía aprobó la moción, esta fue rechazada por la Corte de Apelaciones de Iquique, ya que los delitos habrían sido cometidos cuando ella aún no era jueza.
Luego de su entrega voluntaria a la justicia, se decidió fijar una audiencia especial, donde se insistirá en la prisión preventiva y exámenes al Servicio Médico Legal, para determinar el estado de la salud mental de la acusada.
