Como “un hecho positivo” calificó la jefa de la Bancada de Diputados Independientes-PRI, Marta Isasi, que el gobierno haya anunciado la presentación de un proyecto de ley que busca implementar un sistema de reparación a las víctimas de minas antipersonales.
“Como parlamentaria de la Región de Tarapacá considero muy importante y positivo que los Ministerios de Defensa y Hacienda hayan entregado esta iniciativa que responde a las exigencias establecidas en la Convención de Ottawa, la que también nuestro país es parte”, sostuvo Isasi.
Expresó que “establecer un beneficio monetario, así como también atención médica y sicológica de por vida, a quienes sufrieron esta dramática situación me parece digno de destacar, considerando que en Chile hay un porcentaje, no menos relevante, de personas que trabajan en las zonas de activación”.
Recalcó que “me parece valioso que además exista una ayuda educacional y la incorporación a planes de inclusión social y laboral, teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas quedan con lesiones muy graves, en particular amputaciones de las extremidades, y eso lamentablemente trae complicaciones a la hora de conseguir un trabajo”.
La diputada manifestó su esperanza en que la iniciativa gubernamental pueda ingresar lo antes posible al Congreso Nacional para analizarla y discutir su contenido.
Según informaciones oficiales, en el 2002 entró en vigencia en Chile el Convenio de Ottawa, por lo que a partir de esa fecha se extendió un plazo de diez años para terminar con las labores de desmantelamiento de los artefactos explosivos que se encontraran en el norte del país.
Aplicando la exigencia, en noviembre del año pasado al territorio nacional le fue aprobada una prórroga de ocho años adicionales al plazo inicial, debido a que las condiciones geográficas y las altas temperaturas del desierto impidieron que se pudieran sacar las minas en diez años.
Las víctimas chilenas de estos dispositivos que están identificadas suman 140. El proyecto incluye beneficios como un bono compensatorio de 1,5 a 3 millones de pesos, una pensión vitalicia y atención médica y sicológica de por vida, además de ayudas educacionales y planes de trabajo.
