En todo el país
hay ríos, lagos y embalses con caudales que se han reducido entre 80 y 90%.
Muchas poblaciones dependen de camiones cisterna. Las dificultades para la
higiene.
Con
caudales de ríos en mínimos históricos y embalses secos, la sequía golpea a la
zona central de Chile, donde las comunidades locales se vuelven más
vulnerables a la pandemia del coronavirus.
Una
legislación laxa y años de abundancia comprometieron los caudales de las
cuencas del centro del país, hasta secar a la gran mayoría.
"Hoy
son más de 400.000 familias, cerca de 1,5 millones de personas aproximadamente,
cuyo suministro de 50 litros de agua al día depende de camiones
cisternas", dijo a la agencia AFP Rodrigo Mundaca, vocero del Movimiento
de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente
(Modatima).
Dilma
Castillo, que reside con sus hijos en uno de los cerros que rodean a El Melón,
refleja el sentimiento en esta localidad de 22.000 habitantes cercana a
Valparaíso cuyo río y su embalse están secos: "Vivir sin agua es
terrible".
"Lo
peor es que no hay conciencia de nadie, incluso de la misma gente. Me angustia
mucho, porque vivir en estas condiciones es humillante", se lamenta.
En
la región Metropolitana de Santiago y en Valparaíso las precipitaciones
acumuladas el año pasado se ubicaron casi 80% por debajo del registro
histórico, mientras que en la región de Coquimbo descendieron un 90%.
Camiones
cisterna recorren a diario intrincados caminos para proveer agua a muchos
hogares, cuyos habitantes la guardan en bidones. Algo que "en una
situación de pandemia como hoy, pone de manifiesto una vez más que donde existe
un modelo de apropiación privada del agua (...), esta condición no garantiza el
derecho humano al agua de las personas y fragiliza aún más a las comunidades",
sentenció Mundaca.
Un
bien público en manos privadas
La
legislación chilena considera al agua un bien de uso público, pero le entrega
casi la totalidad del derecho de explotación a privados.
En
el vecino lago Peñuelas, a una hora del centro de Santiago, gran parte del
lecho luce resquebrajado por el sol.
A
orillas de lo que queda de agua, Tomás Ruiz relata a la AFP: "Vengo a
pescar desde hace unos 20 años. Las primeras veces que venía sacábamos bastante
(...). Hoy día no se saca nada".
Matías
Asun, director de Greenpeace-Chile, dijo esta semana que el gobierno de Sebastián
Piñera tiene que "garantizar que no existan ciudadanos de segunda
categoría que no dispongan de lo más básico para protegerse del COVID-19".
"Un
jabón en las manos no sirve de nada si es que no se tiene agua suficiente para
lavarse", indicó, en momentos en que en Chile hay más de 3.700
infectados y 22 fallecidos por coronavirus.
La
explotación del agua por parte de privados no generaba mayores problemas en un
escenario de abundancia, como el que hubo hasta hace poco.
Pero
la sequía generó la reacción de comunidades desabastecidas. Impulsados por la
revuelta social que estalló en Chile en octubre, un centenar de habitantes de
El Melón ocuparon ilegalmente uno de los pozos de agua gestionados por la
minera Anglo American, una de las multinacionales que explotan el cobre en
Chile, el mayor productor a nivel global.
Acampando
de forma intermitente alrededor del pozo, resistiendo y sucumbiendo a desalojos
por parte de las autoridades, el movimiento busca que el agua del llamado Pozo
Nueve se destine al abastecimiento de la zona y no a la actividad minera,
señaló Fabián Villarroel, de 26 años, uno de los voceros de esta toma.
Anglo
American afirmó en una comunicación a la AFP que está comprometida con el
bienestar de las poblaciones cercanas a sus yacimientos, y que colabora en
buscar "soluciones que permitan a los habitantes de la zona contar con un
suministro permanente de agua potable".
Mundaca
explicó que "el código de agua de 1981 separa la propiedad del agua del
dominio de la tierra". Hoy, "hay propietarios de tierra que no tienen
agua y viceversa, dando origen al mercado de las aguas", añadió.
En
Chile, "el agua se compra, se vende o se arrienda"
Para
el director general de Aguas, Oscar Cristi, los derechos están entregados, pero
el ejercicio de los derechos está en manos del Estado, que puede restringir la
cantidad de agua que se consume de una cuenca.
Sin
embargo, nunca lo ha demandado, y en caso de hacerlo debería pagar el precio de
mercado.
Andrei
Jouravlev, experto de la materia, ex oficial de asuntos económicos de la
Comisión Económica para América Latina (Cepal), plantea que "el problema
es la forma en que se entregan estas autorizaciones, qué condiciones se
imponen".
En
medio de las tensiones, los suelos quebrados le ganan metros al agua en
territorio chileno, donde se libra en paralelo la lucha contra el coronavirus.
Fuente:
AFP
