Ante la crisis económica y social que
traerá la pandemia por el COVID-19, ONG Fima, Oceana, el Observatorio de
Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a autoridades
chilenas una serie de medidas que integran condiciones ambientales a las líneas
de créditos de grandes empresas, potenciamiento de las economías sustentables
locales e incentivar la inversión privada verde.
Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó que los
efectos del COVID-19 llevarán a una recesión incluso más profunda que la vivida
durante la Gran Depresión. La expansión del virus no sólo traerá consecuencias
sanitarias devastadoras sino que también tendrá efectos sociales considerables,
lo cual sin duda agudizará los efectos de la crisis social en nuestro país.
En la línea del
llamado internacional de no volver al mismo sistema económico y social que nos
trajo a esta crisis y ser conscientes que la pandemia entrega una oportunidad
de cambios profundos sociales y ambientales, es que ONG Fima, Oceana, el
Observatorio de Políticas Económicas, Chile Sustentable y Greenpeace entregan a
Presidencia, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Gobiernos
regionales y Seremis una serie de medidas para una reactivación sustentable.
“Los costos de
la crisis no pueden ni debe ser una carga para las y los trabajadores de
nuestro país, estamos en un momento clave para implementar políticas públicas
que permitan el cambio hacia un modelo de desarrollo económico sustentable,
ecológico, equitativo y preocupado de los derechos laborales y sociales. Para
esto, necesitamos redefinir los principios que han orientado la actividad
económica del país hasta ahora y dar los primeros pasos hacia una economía
centrada en el cuidado del medio ambiente, las personas, el desarrollo
productivo más que sólo la ganancia de utilidades” afirma Luis Silva de OPES.
En este paquete
de nueve propuestas que entregan las organizaciones se encuentran el
establecimiento de condiciones a las líneas de créditos de grandes empresas,
donde se entregue beneficio público a aquellas empresas que superen las 25 mil
UF y que cumplan con requisitos medioambientales específicos de reducción de
emisiones, estrategias de protección de cuencas, eficiencia y seguridad
hídrica, protección de humedales, borde costero y restauración de ecosistemas terrestres.
Sara Larraín de
Chile Sustentable agrega "Estamos preocupados del lobby para relajar las
regulaciones ambientales con la excusa de la reactivación económica. Hoy
estamos demandando al gobierno atenerse rigurosamente a la regulación ambiental
vigente y transparentar a los ciudadanos que los dineros públicos que se
aporten para el salvataje de empresas y para la reactivación económica tengan
claros condicionamientos sociales y ambientales; ajustadas a objetivos
climáticos, protección de la biodiversidad y equidad social"
Otra medida a
implementar es el rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total,
con prioridad en aquellas empresas cuyas metas institucionales sean acordes con
los objetivos climáticos, la protección de la biodiversidad y de las cuencas
hidrográficas, incluidos los glaciares y humedales, y que, al mismo tiempo,
sean estratégicas en términos de generación de empleo; el cumplimiento de la
normativa ambiental pese a condiciones externas desfavorables. .
“Esta crisis
sanitaria y económica nos pone en posición de tomar medidas que apunten a
cambiar el modelo de desarrollo. La reactivación económica, acá y en el mundo,
debe ir en la línea de acelerar la transición hacia una economía realmente
sustententable, que se haga cargo de la ineludible conexión con el medio
ambiente. La transición es necesaria de cara a la crisis climática, pues no
podemos continuar un sistema destructivo que nos tiene al borde de un colapso
mayor al que vivimos en estos días”, seña Ezio Costa, Director Ejecutivo de ONG
FIMA
Entre otras de
las medidas que proponen las diversas organizaciones se encuentran potenciar la
inversión pública verde, a través del establecimiento de una red de agua
potable y saneamiento total en el país, sobre todo en zonas rurales, que
disminuya la brecha de carencia de alcantarillado y tratamiento de aguas.
En tanto, la
pobreza energética es otro de los fenómenos que afecta diariamente a la
población en el país, es por ello que el reacondicionamiento de hogares se
vuelve fundamental, a través de subsidios en medidas de aislación y de recambio
de cocinas y calefactores. Medida que traería una reducción importante en la
emisión de contaminantes por quema de leña, la reducción del riesgo de
enfermedades producidas por material particulado y ahorros monetarios para las
familias que reciben el subsidio.
“La transición a
un modelo ecológico debe comenzar ahora, la política pública debe aplicarse de
manera multiescalar con estos fines, reconociendo y potenciando el valor de las
economías ancestrales y locales sustentables, estableciendo incentivos para una
inversión privada que promueva el respeto de los derechos humanos y a valores
propios del bien común. Como también avanzar decididamente en la
descarbonización de la matriz energética” puntualiza Matías Asún Director
Nacional de Greenpeace
Impulsar
acciones de restauración ecológica, que busquen restablecer ecosistemas que han
sido degradados, dañados o destruidos e invertir en el desarrollo de una industria
nacional de valorización de residuos, incentivando al mismo tiempo la
transición hacia un modelo de economía circular son otros de los aspectos
relevantes que deberían ser considerados por las autoridades para realizar una
reactivación económica que sea sustentable con el medio ambiente.
