miércoles, 2 de febrero de 2011

8 Detenidos en operativo sorpresa en recinto amurallado de Zofri


Continúan las fiscalizaciones por los rincones de Iquique con el fin de erradicar la problemática de delincuencia y regularizar las situaciones de los ciudadanos extranjeros indocumentados.
Ayer se llevo a cabo un operativo sorpresa por parte del equipo encargado del plan “Chile Seguro” de la gobernación provincial de Iquique, la policía internacional de la PDI, y la colaboración del personal de seguridad de ZOFRI de acuerdo a la noción que mantienen sobre el avistamiento de situaciones anómalas. Dejando como resultado 8 personas detenidas correspondientes a 7 ciudadanos colombianos y 1 peruano que se encontraban sin su documentación vigente.

En el operativo se fiscalizaron 3 puntos, el primero correspondió a una de las esquinas del recinto amurallado que concentra mayor cantidad de personas, siendo estos en mayor parte ciudadanos extranjeros, obteniendo 3 personas detenidas por indocumentación. El segundo punto fue precisamente el sector de sellaje de aduanas donde hubo 2 extranjeros detenidos, y finalmente uno de los galpones que están ubicados en el sector de construcción al interior del reciento con 3 personas detenidas por la misma falta.

Uno de los objetivos clave de este operativo, corresponde a obligar a los empleadores a que regularicen las situaciones de sus trabajadores de acuerdo a la indocumentación que poseen un gran número de ellos, para así evitar molestas sanciones por parte de los organismos fiscalizadores.

El gobernador provincial, Felipe Rojas; comentó que “cada uno de los usuarios de ZOFRI que contrate a personas que estén reñidas con la permanencia incorrecta de acuerdo a la ley de extranjería, deben atenerse a las consecuencias que tengan relación con esta ley, porque tanto los trabajadores que están en forma irregular como los empleadores eventuales, incurren en infracciones que pueden ser cursadas por las intendencias regionales”, sentenció Rojas.

Mensaje que va en directa relación con los empleadores o usuarios que contratan los servicios de personas extranjeras que están en situación irregular y que no están autorizadas para ejercer labores dentro del país.