La Conferencia Episcopal
de Chile anunció este miércoles el nombramiento por parte del papa Francisco de
dos nuevos obispos para sendas diócesis vacantes en el país austral tras la
remoción de los ya eméritos investigados en el marco de la crisis de la Iglesia
católica por casos de abusos sexuales a menores.
Una de esas plazas fue en la sureña
diócesis de Osorno, a más de 900 kilómetros al sur de Santiago de Chile,
vacante desde la salida en junio de 2018 del obispo Juan Barros, imputado en
Chile por el encubrimiento de dos casos denunciados de abusos sexuales en el
seno de la Iglesia.
Esa posición quedará ahora en manos del
obispo Jorge Concha, de orígenes mapuche, quien hasta el momento se destinaba
como obispo auxiliar de la Archidiócesis de la capital.
El otro caso es el de la diócesis de
San Bartolomé de Chillán, a 400 kilómetros de Santiago, vacía desde septiembre
de 2018 cuando el obispo Carlos Pellegrin fue separado del puesto, quien
actualmente está investigado por la Fiscalía por una denuncia de abusos
sexuales presentada en su contra.
El nuevo titular será el sacerdote
Sergio Pérez de Arce, quien ejercía como administrador apostólico de la
diócesis de Chillán desde la salida de Pellegrin.
Estos dos nuevos nombramientos se suman
a otros dos realizados por el pontífice el pasado 27 de diciembre para ocupar
las plazas vacías del Arzobispado de Santiago de Chile y de Puerto Montt.
Con estos nuevos puestos asignados,
todavía quedan algunas plazas vacantes en diversas jurisdicciones eclesiásticas
entre las 27 sedes existentes en Chile.
La Iglesia católica chilena atraviesa
en los últimos tiempos por una crisis causada por los abusos sexuales cometidos
por numerosos miembros de la misma, lo que ha provocado la renuncia de obispos
y otros dignatarios, la expulsión de otros y decenas de juicios que involucran
a religiosos.
Según la última actualización del
balance del catastro de investigaciones que publicó la Fiscalía Nacional de
Chile a mediados de diciembre, actualmente son 223 personas vinculadas con el
clero las que están bajo investigación, en un total de 159 causas abiertas.
Estas investigaciones implican a 271
víctimas afectadas, de las cuales 120 eran menores en el momento que ocurrieron
los hechos.
Fuente: EFE
