La organización
Amnistía Internacional dijo que Chile cerró el 2019 con la peor crisis de
derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990).
"Chile
cerró 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde el régimen del general
Augusto Pinochet; a mediados de octubre comenzaron manifestaciones
multitudinarias en respuesta al aumento de los precios del transporte público
(...) No obstante, las manifestaciones se encontraron con una fuerte represión
por parte de las fuerzas del Estado, que intentaron justificar su uso de la
violencia", afirmó Amnistía en un informe.
La
organización sostuvo que, luego de que el 18 de octubre el presidente Sebastián
Piñera declara el estado de emergencia, durante 10 días quedaron
suspendidos varios derechos y libertades.
Afirmó
que durante ese período se "aumentó drásticamente" el número de abusos
cometidos por el Estado y perdieron la vida 31 personas, al menos cuatro
de ellas a manos de fuerzas estatales.
Además,
Amnistía señaló que más de 13.000 personas habían resultado heridas durante los
dos primeros meses de protestas, y la Fiscalía de Chile había registrado más
2.500 denuncias de violaciones de derechos humanos, de las que más de 1.500
eran de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y más de 100
eran de delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos.
"Durante
las protestas, con frecuencia se vio al ejército emplear armas letales contra
manifestantes; de cada cuatro muertes causadas por las fuerzas del Estado al
menos tres lo fueron a manos de miembros del ejército, y una a manos de un
carabinero; una de las muertes fue provocada por armamento de uso militar, y
decenas de personas resultaron heridas por munición real", agregó.
Sostuvo
que en varias oportunidades los Carabineros utilizaron gas lacrimógeno de
manera "excesiva e innecesaria" arrojándolo en hospitales,
universidades, viviendas e incluso escuelas, lo que afectó a niñas y niños y
personas con discapacidad.
Por
otro lado, Amnistía denunció que el Gobierno revisó el Plan Nacional de
Derechos Humanos para liberarse del compromiso de promover la inaplicabilidad
del Decreto Ley de Amnistía de 1978, que concedía amnistía por crímenes de
lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1978.
"También
eliminó el compromiso de crear una comisión permanente para evaluar los casos
de víctimas de tortura política; al terminar el año seguían estancadas en el
Congreso varias propuestas contra la impunidad por los crímenes cometidos en el
pasado", agregó.
Por
otro lado, Amnistía reclamó que continuaron llevándose a cabo proyectos
industriales sin contar con el consentimiento de los pueblos indígenas
afectados y denunció que durante la crisis social se disparó con perdigones a
personas que defendían los derechos humanos mientras prestaban primeros
auxilios.
La crisis
social en Chile se arrastra desde el 18 de octubre de 2019, fecha en que
comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la
desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los
servicios básicos, la Constitución y para rechazar la gestión del presidente
Piñera.
Fuente:
Sputnik
