viernes, 28 de octubre de 2011

Ex intendenta de Tarapacá Antonella Sciaraffia será formalizada por asociación ilícita

El 3 de noviembre serán formalizados doce funcionarios de la Municipalidad de Iquique por asociación ilícita en tres proyectos adjudicados el 2007, que suman un total de mil quinientos millones de pesos.

Los proyectos cuestionados son la renovación de equipos mobiliarios y computadores para los colegios municipales de Iquique, que habrían sido adjudicados por proceso fraudulento a la empresa de papel Genova.

Enzo Morales, abogado del diputado querellante Hugo Gutiérrez, afirma que “primeramente hubo delito de fraude al Fisco, ya que esta empresa fraudulenta fue hecha con recursos estatales; posteriormente se fue sumando el delito aduanero, ya que los equipos entraron ilegalmente al país; el delito tributario, ya que no pagaron el IVA, y la falsificación ideológica del instrumento público”.

Todas estas figuras legales constituyen el delito de asociación ilícita y que, según la hipótesis de la fiscalía, habría una red de corrupción al interior del gobierno regional que funcionaba con empresas de papel y adjudicaciones fraudulentas.

Dentro de los imputados está la ex intendenta democratacristiana, Antonella Sciaraffia, quien también fue diputada y que actualmente se desempeña como magistrada en el Juzgado de Policía Local de Iquique.

Además, desde marzo de este año se encuentran en prisión preventiva el ex jefe de la división de análisis y control regional de Tarapacá, Freddy Casareggio; el ex jefe del departamento de inversión y control del gobierno, Jorge Jacobs Serra, el supuesto dueño de la empresa Genova, Gian Piero Canépa y el abogado de la empresa Diego Hauva, quien fue detenido en el aeropuerto por la Policía de Investigaciones minutos antes de salir del país.

Luego de ser detenido, Diego Hauva fue condenado en abril por los delitos de lavado de dinero y presentación de activos falsos, en un juicio abreviado, donde reconoció los hechos.

Por el delito de lavado de activos, Hauva fue condenado a la pena de 541 días de presidio, además del pago de una multa de 10 UTM, al comiso de 12 acciones del Club de Yates de Iquique, a la suma de 216 mil dólares en cuenta del banco JP Morgan en Estados Unidos, al embargo de un yate y de un vehículo Toyota FJ Cruiser, y otros bienes que hacen un total aproximado de 155 millones de pesos. Se calcula que ese es el monto que Hauva habría obtenido a través del lavado de dinero.

Por el delito de presentación de documentos falsos, Hauva fue condenado a 36 días de prisión y a una multa de 1 UTM. Sin embargo, el magistrado Ricardo Leyton otorgó a Hauva el beneficio de la remisión condicional de la pena y hoy es testigo privilegiado de la fiscalía.

Nuevos antecedentes

Este caso salió a la luz a fines del 2007, cuando Luis Rocafull, intendente de la recién creada Región de Arica y Parinacota, no aprobó el ingreso de los nuevos muebles y computadores para los colegios por venir con severas fallas.

Rocafull denunció las anomalías a la Municipalidad de Arica, caso que luego pasó al Ministerio Público y que luego sería tomado por el actual parlamentario querellante Hugo Gutiérrez.

Myrta Dubost, alcaldesa independiente UDI de Iquique desde el 2008, sí aceptó el ingreso de los bienes por lo que hoy es citada como testigo en el “Caso Muebles”, aunque no se han efectuado acusaciones formales en su contra.

Dubost acusó públicamente una persecución política en su contra debido a las municipales del próximo año.

Sobre esto, el abogado del diputado Gutiérrez, Enzo Morales, dijo que “si la alcaldesa dice que hay persecución, debe decir que el Consejo de Defensa del Estado, que se encarga de velar por los intereses del Fisco, también la está persiguiendo, ya que de las cinco querellas avanzadas que tenemos en contra de ella, el Consejo se ha hecho parte de tres.”

Sin embargo, el abogado también aclaró que hasta el momento no existen acusaciones formales en su contra en el Caso Muebles, y que se encuentran investigando más antecedentes en todas las aristas de este caso.