El ministro de Obras Públicas, Laurence Golbone, se reunió este martes con el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, para pedir mayor celeridad en 290 causas que la Dirección General de Aguas (DGA) ha iniciado por extracción ilegal del recurso.
El secretario de Estado aseguró que, actualmente, la DGA no puede cerrar los pozos ilegales mientras no cuente con una orden judicial que puede demorar hasta años, y por eso solicitó la colaboración de la Fiscalía.
El ministro dijo además que “son delitos que hoy tienen muy baja pena, por lo tanto, en algunos casos se sobreseen o cierran las investigaciones sin avanzar en ellas. La legislación actual por el tema de extracción de agua es muy permisiva, los delitos son sancionados con presidios menores en su grado mínimo o sanciones que pueden llegar a 40 o 400 mil pesos en el rango máximo. En algunos casos, donde ciertas empresas pueden utilizar agua extrayéndolas ilegalmente, les resulta más conveniente pagar las multas que detener la extracción”, reconoció.
En ese sentido, Golborne anunció un proyecto de ley que entrega más atribuciones a la DGA para cerrar preventivamente los pozos mientras se tramitan los casos; y aumenta las sanciones hasta más de $200 millones, además del ampliar hasta en dos grados la pena por el delito de usurpación, que hoy es de presidio en grado mínimo.
El anuncio se produce pocas semanas después de que la Fiscalía desinstalara artefactos con los que la minera Cosayach, propiedad de Francisco Javier Errázuriz, usurpaba agua ilegalmente en la región de Tarapacá. Sin embargo, Golborne aseguró que la iniciativa no es una reacción a ese caso específico, sino a los cientos que se producen en el país.
Por su parte, el Director General de Aguas, Matías Desmadryl, dijo esperar “que el Presidente firme el proyecto de ley dentro del mes de octubre para ingresarlo. Es un proyecto tremendamente concreto y específico, por lo tanto, esperamos que sea de tramitación rápida en el Congreso”.
Desmadryl enfatizó que la iniciativa “tiene por objeto proteger las aguas como bien nacional de uso público y sancionar a los infractores, por lo tanto, vemos que hay interés de las distintas bancadas en que esto tenga una aprobación por parte del Congreso”.
El ministro Golborne señaló también que en la discusión del Presupuesto 2012 se pedirán mayores recursos para fortalecer las labores de fiscalización de la DGA, especialmente desde la región Metropolitana hacia el norte, donde se concentra el 78% de los casos de extracción ilegal.
