La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) criticó este miércoles a la Policía chilena la golpiza a un
anciano el pasado domingo durante la manifestación del Día de la Mujer y
recordó al Estado de Chile sus "obligaciones internacionales" en materia
de protección de los manifestantes.
"La CIDH rechaza toda forma de
violencia y llama al Estado de Chile a capacitar y sensibilizar a Carabineros sobre
trato a personas mayores y las técnicas para controlar manifestaciones según
los protocolos vigentes", dijo el organismo a través de su cuenta de
Twitter.
El caso, que reavivó el debate en sobre
el exceso de la fuerza policial, se dio a conocer con un vídeo viral en el que
se aprecia a dos uniformados golpeando con porras retráctiles a un hombre en el
suelo y que apenas opone resistencia, durante la marcha del Día de la Mujer,
que reunió a cientos de miles de personas en la capital chilena.
La Fiscalía abrió una investigación de
oficio para esclarecer los hechos, mientras que el cuerpo policial defiende que
el hombre fue neutralizado porque minutos antes le propinó una patada por la
espalda a un agente.
La Intendencia de la región
Metropolitana, a la que pertenece la ciudad de Santiago, se querelló este
martes contra el adulto mayor que fue golpeado.
En su acusación, en la que aludieron a
otras cinco personas más, apelaron a la "Ley Antibarricadas", que
sanciona a quienes interrumpen la libre circulación en la vía pública, y bajo
la cual se le otorga la autoría de delitos de desórdenes públicos.
La CIDH recordó al Gobierno chileno su
obligación de ejercer una "protección especial sobre las personas
mayores" y de cumplir las obligaciones internacionales al formar parte de
la Convención Interamericana sobre Personas Mayores.
El ente internacional, que visitó Chile
en enero pasado en una misión de observación, calificó en un informe de
"grave crisis de derechos humanos" la situación que vive el país
desde el pasado octubre y que deja ya más de 30 fallecidos y miles de heridos.
Chile vive desde hace más de cuatro
meses la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura de Augusto
Pinochet (1973-1990), que comenzó como un llamado de los estudiantes a
protestar contra el precio del pasaje de metro y se convirtió en una revuelta
social por un modelo económico más justo.
Desde el inicio de la crisis social,
otras entidades internacionales como el Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de la ONU, Human Rights Watch o Amnistía Internacional han cuestionado
el actuar de las fuerzas de seguridad del Estado con acusaciones de violaciones
a los derechos humanos.
Fuente: EFE
