La
presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, canceló sin explicaciones la
repatriación de unos 150 connacionales que estaban retenidos desde el fin de
semana en la frontera con Chile como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
"Por
decisión presidencial, las fronteras del país se mantienen cerradas y se
suspende la repatriación de los compatriotas bolivianos varados en Huara (norte
de Chile)", informó la canciller Karen Longaric en Twitter.
La
jerarca anunció el 29 de marzo que ella encabezaría este 30 de marzo el ingreso
de estas personas por la frontera altiplánica, luego de que la Defensoría del
Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaran el rechazo
inicial al retorno de esos ciudadanos.
La
situación de los bolivianos que pretendían pasar la cuarentena en su país y no
en Chile mostraba aparentes contradicciones en el Gobierno boliviano, que
tras haber decretado cierre de fronteras autorizó el 27 y el 28 de
marzo la salida de un millar de europeos y estadounidenses en vuelos
especiales.
Longaric
dijo a reporteros que el ministro de Defensa, Fernando López, viajó este
30 de marzo al pueblo fronterizo de Pisiga para coordinar asistencia
humanitaria a los bolivianos, aunque no precisó en qué lado de la frontera
quedarían los viajeros.
La
funcionaria añadió que el Gobierno gestiona la cooperación, con
alimentos y vituallas, de la Organización Internacional para las Migraciones,
de las Naciones Unidas.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el 29 de marzo las
"condiciones precarias" en que se encontraban los bolivianos, entre
ellos mujeres embarazadas y niños, que habían logrado llegar hasta la frontera
en su intento de retorno.
El
organismo pidió al Gobierno de Áñez "garantizar inmediatamente
el retorno (de esos viajeros) en condiciones seguras y la implementación de los
protocolos de salud y asistencia adecuados".
La
defensora del pueblo, Nadia Cruz, dijo en su cuenta de Twitter que el caso
ponía en evidencia que en Bolivia regían "definiciones estatales cuya
prioridad es atender una política de seguridad y/o vigilancia por encima de una
de salud pública".
Medios
locales reportaron que los 150 bolivianos habían iniciado el 26 de marzo pasado
una caminata de casi 200 kilómetros desde el puerto chileno de Iquique hasta el
pueblo altiplánico boliviano de Pisiga, cargando maletas y diversos bultos, sin
alimentos ni equipo para pernoctar al aire libre.
Esas
personas fueron interceptadas el 27 de marzo por la Policía chilena y
trasladados en ómnibus hasta la frontera, en una operación ordenada por
autoridades del norte chileno que criticaron la "falta de humanidad"
del Gobierno boliviano, que supuestamente no habría atendido el
pedido de ayuda de los viajeros, según informaron medios.
Días
antes, cuando ya regía la cuarentena nacional, otros 400 bolivianos procedentes
de Chile fueron autorizados a ingresar por Pisiga.
Según
los últimos datos oficiales, en Bolivia hay 81 personas con
COVID-19 y una persona murió por la enfermedad.
En
todo el mundo los infectados suman 634.835 y las muertes 29.957 de acuerdo al
más reciente comunicado de la Organización Mundial de la Salud, publicado el 29
de marzo.
Fuente:
Sputnik
