Aún debe pasar por el Congreso, pero con esta
nueva legislación el presidente chileno apunta a delitos financieros como el
precio fijo de los productos más básicos, endureciendo las
sanciones, tanto en multas como en años de cárcel. Así busca sofocar los
ánimos de aquellos chilenos que piden un modelo económico y social igualitario.
Desde octubre, la crisis social y Sebastián
Piñera se miran de frente. Y en ese duelo, el presidente de Chile movió
carta este viernes 13 de marzo con la propuesta de cuatro proyectos de ley que
buscarían controlar y multar más ciertas injusticias y abusos económicos.
Es decir, estas legislaciones “antiabusos”, como
las ha denominado su Gobierno, tendría como objetivo delitos financieros
que irían desde la corrupción hasta el uso de información privilegiada, pasando
por el fraude y la creación de carteles.
“En los últimos tiempos hemos conocido casos muy
sensibles de colusiones y carteles en bienes tan importantes como los
medicamentos, los pollos o el papel higiénico, que han perjudicado a la inmensa
mayoría de los chilenos”, expresó el mandatario, en una comparecencia en el
Palacio de la Moneda.
Hablando de colusiones, el Ejecutivo está haciendo
hincapié en aquellas acciones o pactos entre personas o grupos que buscarían
aprovecharse de un bien o una situación por medios fraudulentos. Y claro,
a costa de un tercero, que aquí sería el pueblo chileno. Con un
agravante: muchos delitos habrían sido sobre bienes de primera necesidad.
Leyes a favor de un
endurecimiento de las sanciones
Ante este panorama, Piñera quiso dejar clara su
“agenda antiabusos”: quienes hoy “abusan de su posición dominante en los
mercados”, recibirán “muy severas” sanciones. Y es que, además de querer fijar
los precios de los productos básicos, dichas leyes irían acompañadas de multas
y un agravamiento de las penas de cárcel.
Así, los delitos de colusión aumentarían de los
tres a los cinco años y un día, con un tope máximo de diez años. Mientras que
las multas por uso de información privilegiada, fraudes o incluso alteración de
documentos podrían llegar a multiplicarse por siete, hasta lo que ha tildado de
100.000 Unidades de Fomento o más de 3.400.000 dólares.
Sin contar con que esta propuesta legislativa
aumentaría también el plazo de prescripción de los delitos electorales de dos a
cinco años: “No hay razón alguna para que sigan existiendo privilegios
injustificados para el mundo político”, declaró el presidente, en el poder
desde 2018.
Para fiscalizar de forma más severa y eficaz estos
delitos económicos, dichas leyes otorgarían más facultades y herramientas a la
Fiscalía Nacional Económica, prometiendo proteger la identidad de aquellos
“denunciantes” de los sectores público y privado que presenten pruebas de
crímenes.
“Para combatir la corrupción, que sabemos que es el
cáncer de las democracias, necesitamos mejores instrumentos, y el denunciante
anónimo ha probado ser muy eficaz en las principales democracias del mundo”,
concretó Piñera.
Un gesto del Gobierno
ante las protestas
Hoy por hoy, toda esta información es un anuncio,
ya anticipado el pasado 9 de diciembre, y que iniciará un proceso en el
Congreso, donde Piñera ha rogado “una pronta tramitación”.
Pero sobre todo es una pretensión, un gesto
presidencial: el de calmar a un Chile que desde octubre está en pie y se
moviliza en varias ciudades del país contra una clase política que ve corrupta
e injusta.
Por eso este movimiento del Gobierno, con el
objetivo de sofocar las demandas sobre desigualdad: “La inmensa mayoría de los chilenos
queremos construir un Chile más justo, más equitativo, sin abusos ni
privilegios, y con iguales oportunidades y dignidad para todos –se incluyó
Piñera–. Ese es el potente mensaje de la voz de la gente que hemos escuchado en
forma fuerte y clara”.
A inicios de marzo, el día 2, el presidente
promulgó una ley, la Ley Gabriela, que amplía el marco legal del feminicidio,
elevando las penas en los casos de violencia de género. ¿Le irá igual de bien a
estos proyectos de ley, presentados en viernes 13? ¿Acercará a Piñera a quienes
tiene enfrente desde octubre, que no es más que la sociedad chilena?
La fijación de unos precios manipulados desde la
década de los 90 y los delitos financieros están entre las demandas de quienes
han protestado por las injusticias sociales y económicas en Chile. Tanto por el
precio justo, y no cerrado por algunos, de pañales y leche, como por el cambio
completo de un modelo de país.
El próximo abril, los chilenos votarán sobre si
reescribir la Constitución de la era de la dictadura de Augusto Pinochet, con
una Carta Marga con protecciones más grandes hacia el consumidor. Según Piñera,
estas medidas no serán las últimas.
Fuentes: EFE y Reuters
