La ONU denunció este jueves que se
siguen violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el
Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que
el organismo le hizo hace tres meses.
"Seguimos recibiendo alegaciones
sobre vulneración de derechos en Chile", dijo el representante para
América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH), Jan Jarab.
En un informe publicado el pasado
diciembre tras una visita de varios días al país, el ACNUDH recomendó al Estado
chileno desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso
adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensoras de derechos humanos o
crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos
independientes, entre otras cuestiones.
"Hacemos un llamado a todas las
autoridades, sobre todo aquellas con responsabilidad directa en derechos
humanos, a redoblar sus esfuerzos para implementar de forma efectiva las
recomendaciones del informe, así como cualquier medida orientada a garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos en Chile", apuntó Jarab.
Chile vive su convulsión social más
grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó
el pasado octubre como un llamamiento de los estudiantes a colarse en el metro
de la capital para protestar contra el aumento de la tarifa y se convirtió en
una revuelta por un modelo económico más justo.
La ola de protestas, que han bajado de
intensidad con respecto a las manifestaciones masivas de los primeros meses, ya
ha dejado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además
de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de
mobiliario público.
En el momento álgido de la crisis,
tanto el ACNUDH como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) acusaron a las fuerzas
de seguridad de cometer graves violaciones a los derechos humanos durante la
dispersión de las marchas y urgieron al Estado a detener la situación.
El organismo denunció que sigue
recibiendo relatos y registros audiovisuales recientes sobre atropellos
producidos por carros policiales y palizas por parte de Carabineros, así como
información sobre el uso indebido de bombas lacrimógenas, "en varios casos
con consecuencias graves como trauma craneano o pérdida de la visión".
"Los cartuchos de gas lacrimógeno
nunca deben dispararse directamente a las personas, pues ello los hace
potencialmente letales", alertó Jarab.
El ACNUDH instó además al Estado a
realizar investigaciones "prontas y completas" para establecer la
participación responsabilidad de agentes y sus líneas jerárquicas en esas
violaciones.
Fuente: EFE