La
presidenta chilena, Michelle Bachelet, anunció hoy que enviará una reforma
constitucional al Congreso para que se establezcan sanciones a aquellos que han
accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales, tras
los recientes escándalos que han estremecido al país.
Indicó
que la reforma permitirá establecer sanciones "incluso la pérdida del
cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante
prácticas ilegales", por lo que ya encomendó a sus ministros avanzar en la
elaboración de indicaciones y proyectos de ley, aunque no precisó una fecha.
El
anuncio lo hizo Bachelet al presentar en el Palacio de La Moneda, sede del
Ejecutivo, un "Consejo Asesor Presidencial" que buscará regular la
relación entre la política y los negocios tras los acontecimientos que han
salpicado en Chile a empresarios, partidos políticos y hasta a su hijo,
Sebastián Dávalos.
En
una ceremonia a la que llegaron los exmandatarios Ricardo Lagos y Sebastián
Piñera, y los presidentes de todos los partidos políticos, tanto del
oficialismo como de la oposición, Bachelet aseguró que "no habrá arreglos
ni perdonazos" para los casos de corrupción y tráfico de influencia que
han conmovido al país.
El
pasado sábado un juez chileno ordenó prisión preventiva para seis de diez
imputados en delitos tributarios, sobornos y otros delitos en el llamado
"Caso Penta", entre ellos dos poderosos empresarios y un ex subsecretario
de Minería.
A
ello se suma el llamado "Caso Caval", un negocio inmobiliario que
reportó una millonaria ganancia para Dávalos, hijo de la presidenta, y para su
esposa, Natalia Compagnon.
La
mandataria aseguró que llegó la hora de actuar y que en este plano Chile no va
a tolerar dilaciones.
Afirmó
que es su responsabilidad como presidenta impulsar las medidas institucionales
que regulen de manera estricta y eficaz las relaciones entre el dinero y la
política, tanto en el ámbito público como en el de los negocios.
"Esto
no se trata de restituir las confianzas en beneficio de algún actor particular,
de mí, del Gobierno o de los empresarios. Esto es una necesidad del país, de la
salud de la democracia que todos necesitamos para vivir", recalcó.
La
mandataria chilena hizo hincapié en que estos casos no deben volver a repetirse
en su país.
"Se
equivocan quienes creen que este es el momento de suavizar los hechos o
esconder la tierra bajo la alfombra. No, se trata de asegurar mediante
instituciones sólidas que esto no vuelva a ocurrir", enfatizó.
Otra
de las medidas anunciadas por la mandataria apuntan a ella y sus antecesores
"para que se hagan más detalladas, periódicas y de por vida las
declaraciones de patrimonio e interés de los altos funcionarios públicos y de
los expresidentes".
"Quienes
hemos recibido la confianza de la ciudadanía debemos responderles con
transparencia", añadió.
Bachelet
indicó que la composición del Consejo, cuyos miembros tendrán "plena
autonomía" y cuyo trabajo lo realizaran en la sede del Ejecutivo, estará
compuesta por 15 personas y tendrá un plazo de 45 días para presentar
propuestas que sirvan para terminar con estas prácticas.
Los
imputados en el caso Penta, un banco de inversiones que maneja recursos por 20
mil millones de dólares, están acusados de defraudar al fisco mediante delitos
tributarios, cohecho, sobornos y otras conductas reiteradas, como la
financiación de campañas electorales mediante negocios ficticios basados en
facturas falsas.
Caval,
en tanto, una pequeña empresa en cuya propiedad participa Natalia Compagnon, la
esposa de Dávalos, obtuvo con intervención de este un préstamo del Banco de
Chile por el equivalente de unos 10,4 millones de dólares para comprar unos
terrenos que tiempo después vendieron con una ganancia de 4,8 millones de
dólares.
En
la concesión del préstamo, gestionado en noviembre de 2013, cuando Bachelet
ganó las elecciones presidenciales, participó Andrónico Luksic, vicepresidente
del Banco, cuya propiedad es controlada por su familia.
El
caso es investigado por eventuales delitos de uso de información privilegiada y
tráfico de influencias y su repercusión ha golpeado duramente la popularidad de
Bachelet, mientras Dávalos debió renunciar a su cargo de director sociocultural
del Gobierno.
Fuente:
EFE