sábado, 7 de marzo de 2015

Juez chileno sentencia prisión preventiva para seis imputados en caso Penta


Un juez chileno ordenó este sábado prisión preventiva para seis de diez imputados en delitos tributarios, sobornos y otros delitos en el llamado caso Penta, entre ellos dos poderosos empresarios y un ex subsecretario de Minería, informaron fuentes judiciales.
 
Tras una audiencia que comenzó el pasado miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Juan Manuel Escobar expuso su resolución, que involucra a los controladores y ejecutivos del Grupo Penta, un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares y a exfuncionarios del Servicio de Impuestos Internos, entre otros.
 
El juez resolvió la prisión preventiva a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños y controladores de Penta, a Hugo Bravo, exgerente general, a Marcos Castro, exgerente de Contabilidad del Grupo, a Pablo Wagner, subsecretario de Minería en el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) y a Iván Álvarez, ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), que estaba preso desde antes.
 
A Manuel Antonio Tocornal, actual gerente general de Penta, le impuso arresto domiciliario total y arraigo nacional (prohibición de abandonar el país).
 
Juan Martínez, también ex fiscalizador del SII, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, mientras Carlos Bombal, asesor del grupo financiero, y Samuel Irarrázaval, gerente de una sociedad asociada, quedaron con arraigo nacional y firma semanal en una comisaría de Carabineros.
 
El magistrado estableció además un plazo de 120 días para que la Fiscalía complete la investigación antes del juicio oral contra los imputados, algunos de los cuales arriesgan penas de hasta 15 años de prisión al haber presuntamente cometidos delitos graves de forma reiterada.
 
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, ya había anunciado que se investigará "todo lo que sea necesario", con relación a la existencia de contratos para operaciones a futuro que surgieron durante la audiencia, entre los cuales figura uno entre Penta y una empresa del expresidente Piñera.
 
"La investigación es seria. Ha sido muy compleja, tiene múltiples aristas, múltiple documentación. Lo que me importa a mí es que todos tengan claro que nosotros vamos a investigar todo lo que sea necesario", sostuvo.
 
El caso Penta tiene también una arista política, tras haber revelado Hugo Bravo, uno de los imputados, que el grupo financiaba las campañas electorales de numerosos políticos del conservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), a través de contratos por negocios ficticios que se pagaban con boletas falsas.
 
Carlos Délano y Carlos Lavín han sido históricamente afines a la UDI, Carlos Bombal, alcalde de Santiago durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue después senador por ese partido y vicepresidente del mismo y Pablo Wagner renunció el pasado noviembre a su militancia, tras ser imputado en este caso.
 
La arista política del caso también ha salpicado a figuras de otros sectores políticos, como Andrés Velasco, ministro de Hacienda en el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) y a Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas.
 
En la audiencia del sábado, el juez acogió la mayoría de lo solicitado en la audiencia por el Ministerio Público, salvo en los casos de Hugo Bravo y Marcos Castro, para quienes la Fiscalía no había pedido prisión preventiva por considerar que han colaborado con la investigación.
 
Escobar en estos casos acogió la petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en el caso, que había pedido la cárcel para ambos.
 
"Los acuerdos a los que pueda llegar el Ministerio Público con las defensas para no aplicar la prisión preventiva no son aplicables al tribunal", dijo el juez, que añadió que la libertad de ambos "es peligrosa para la sociedad", además de remarcar que en esta etapa del proceso no procede la atenuante de la "delación compensada".
 
Los imputados con prisión preventiva fueron llevados de inmediato, por pasillos internos del Centro de Justicia, al Anexo "Capitán Yáber", un recinto carcelario para presos por delitos económicos situado a menos de 100 metros del tribunal.
 
Las defensas de los encarcelados apelarán la medida. 
 
Fuente: EFE