Diputados de
oposición acusaron hoy a tres jueces de la Corte Suprema de Chile que otorgaron
la libertad condicional a agentes de la dictadura de Augusto Pinochet
condenados por crímenes de lesa humanidad.
Los
parlamentarios, encabezados por la diputada comunista Carmen Hertz, descartaron
que la acción vaya contra la autonomía del Poder Judicial.
La acusación va
contra los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama,
integrantes de la Sala Penal del máximo tribunal chileno.
Los tres, además
de dos abogados integrantes, que no pueden ser acusados, acogieron recursos de
amparo (hábeas corpus) a favor de siete agentes condenados por homicidios,
desapariciones forzadas, torturas y otros delitos, y les otorgaron la libertad
condicional.
El dictamen
contraviene, según los acusadores, tratados internacionales sobre crímenes de
lesa humanidad suscritos por Chile.
"Estamos
haciendo uso de esta herramienta, a lo que estamos obligados, porque se ha
vulnerado el orden internacional y con esto se pone al Estado de Chile en una
situación de vulnerabilidad", aseguró Carmen Hertz tras presentar la acusación.
"No estamos
invadiendo ninguna autonomía judicial", precisó Hertz, cuyo esposo, Carlos
Berger, fue asesinado en octubre de 1973 por la "Caravana de la
Muerte", una comitiva militar que recorrió Chile ejecutando a presos
políticos, en una localidad del norte del país.
"Esta
acusación constitucional no tiene por objeto ni revisar un fallo, ni
corregirlo, no es ese el objetivo, sino hacer objetiva la responsabilidad
política que nosotros estimamos existe en estos tres magistrados que han
vulnerado las normas del orden internacional, ni más ni menos que en la
protección de los derechos humanos", agregó.
Los parlamentarios
también defendieron que se trata del ejercicio "de una facultad
constitucional entregada al Congreso, que permite controlar la sujeción de
autoridades y otros poderes del Estado a la Constitución y las leyes, evitando
el ejercicio arbitrario del poder".
La acusación
detalla además porqué existiría un "notable abandono de deberes" por
parte de los jueces, que según los diputados, no aplicaron los tratados
internacionales sobre derechos humanos, "que son vinculantes en el
ordenamiento interno del país".
"El delito de
lesa humanidad no pierde su condición de tal en la fase de cumplimiento de la
pena. Concluir lo contrario trae aparejadas consecuencias nefastas en la senda
de la lucha por la impunidad", sostienen los acusadores.
La acusación,
presentada por una decena de parlamentarios de izquierda y un
demócratacristiano, será votada por la Cámara de Diputados en su próxima sesión
primaria, prevista para este jueves, y de ser admitida a trámite, se elegirán
cinco parlamentarios que la revisarán e informarán si es factible de ser
aprobada o no.
De forma paralela,
los jueces acusados tendrán un plazo de diez días para presentar sus descargos,
y si la cámara baja finalmente la aprueba deberá ser revisada por el Senado, al
que corresponde la decisión final. Si la ratifica, los magistrados deberán
cesar en sus cargos.
La acusación se
presentó en el Parlamento poco después de que en Santiago, una decena de
familiares de represores condenados entregaran en los tribunales una carta
dirigida al presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, en la que solicitan
que los jueces "no se dejen amedrentar" y mantengan el otorgamiento
de beneficios a los condenados.
Fuente: EFE
