viernes, 16 de diciembre de 2011

Tres ejecutivos de La Polar detenidos por millonario fraude

Tres altos ejecutivos de La Polar, una de las grandes empresas del comercio minorista del país, fueron puestos en prisión preventiva acusados de obtener millonarias ganancias maquillando los estados financieros, mediante la reprogramación unilateral de los créditos morosos de sus clientes.

En uno de los mayores escándalos económicos en Chile y tras una audiencia de formalización que se extendió por más de 15 horas, la jueza Verónica Orozco ordenó la detención preventiva del ex presidente de la compañía, Pablo Alcalde, y de los gerentes de Administración y Servicios Financieros, María Isabel Farah y Julián Moreno.

"La convicción que queda es que se montó una verdadera máquina para defraudar al sistema y al mercado y que funcionó por largos años a la perfección", señaló la jueza, al final de la audiencia la madrugada de este viernes.

La Polar es el cuarto actor de la extendida industria del comercio minorista nacional, que tiene una amplia presencia en toda América Latina.

Los almacenes tienen casi 9.000 empleados, 44 tiendas en Chile y presencia desde 2009 en Colombia, enfocada principalmente a los estratos más pobres de la población.

Los ejecutivos fueron acusados de defraudar a un millón de clientes y miles de inversionistas, con pérdidas totales estimadas en 1.000 millones de dólares, tras la reprogramación sucesiva y sin consulta de las deudas morosas de sus clientes.

El mecanismo les permitía aumentar considerablemente el monto de la deuda morosa, en algunos casos sobre 30 veces la cantidad inicial, pero haciéndola aparecer en sus estados financieros como 'al día, lo que incrementó considerablemente el valor sus acciones, que se desplomaron tras el escándalo.

De acuerdo a los datos aportados por la Fiscalía, entre 2006 y 2009, se realizaron casi siete millones de reprogramaciones unilaterales, a un promedio de 8,6 por cliente.

Los afectados se amplificaron, ya que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), en las que cotizan casi nueve millones de trabajadores, son dueñas de un tercio de la compañía.

La obtención de millonarios bonos y paquetes accionarios por desempeño habría motivado las acciones de los ejecutivos, que según se acreditó en el proceso obtuvieron ganancias ilícitas en el periodo por unos 15,6 millones de dólares.

Los espectaculares resultados financieros de la compañía le valieron incluso a Pablo Alcalde ser elegido por su pares en 2009 como el 'ejecutivo de la década'.

La jueza reprochó especialmente la actitud de los directivos por afectar a los sectores más pobres.

"Ha quedado demostrado la situación de abuso y desprotección en la que estuvieron por años los clientes y la que planearon y concretaron (los ejecutivos) en atención a la calidad de los clientes de la empresa, quienes corresponden a un sector social de menores ingresos, con menos conocimiento y cultura y evidentemente expuesto al abuso", señaló la jueza.

La defensa de los gerentes Alcalde y Farah negó los cargos, señalando que sus clientes desconocían el sistema de repactaciones creado por el presidente de la compañía.

"No resulta creíble ni admisible y raya en lo ridículo, que los imputados Farah y Alcalde desconocieron la existencia de la práctica", señaló la jueza.

La línea de defensa del presidente de La Polar es que no hubo engaño pues los clientes habían autorizado por contrato a la compañía para efectuar las repactaciones en caso de deuda.

En el juicio se investiga además a otros 14 ex ejecutivos de la compañía y a la auditora externa PriceWaterHouseCoopers (PwC), que revisó los resultados financieros de la empresa durante el ejercicio de 2010, sin advertir las anomalías.

El caso estalló en junio tras una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor, que acumuló miles de reclamos de clientes afectados.

Luego del escándalo, una junta extraordinaria de accionistas aprobó un aumento de capital de unos 210 millones de dólares, para hacer viable la compañía.