viernes, 1 de septiembre de 2017

Sernapesca y Armada refuerzan control sobre extracción ilegal de algas que amenaza principal actividad pesquera artesanal de Tarapacá

El huiro está en veda y solo puede ser recolectado cuando vara naturalmente pero personas sin permiso lo arrancan indiscriminada con chuzos provocando un irremediable daño.

Una intensificación en los controles a plantas picadoras de algas y zonas de varaderos costeros realizan fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Región de Tarapacá para controlar la extracción ilegal de algas y en particular del huiro palo y negro, especie en veda de 2013 y que solo puede ser recolectada por personas inscritas en el registro pesquero y cuando el recurso vara naturalmente o por efecto de las marejadas.

Así lo explicó el director regional de Sernapesca Región de Tarapacá, Marcos Moscoso, quien precisó que el Servicio realiza diversos operativos, el último de ellos junto a uniformados de la Capitanía de Puerto de Patache en el sector de San Marcos y alrededores.

La recolección de algas en la región es hoy la principal actividad pesquera artesanal de la que dependen alrededor de 500 familias, de ahí la preocupación por proteger este recurso que hoy se ve amenazado ante el aumento de personas no autorizadas que extraen algas y que usan el “barreteo”, técnica prohibida donde el extractor usando un chuzo u otro mecanismo arranca la planta viva de raíz.

Mauricio Vargas, encargado regional de Pesquerías en Sernapesca Tarapacá explicó que el año 2016 fueron desembarcadas en la región 10.300 toneladas de algas y se incautaron 14 mil kilos de origen ilegal. A la fecha, el desembarque ya bordea las 6 mil toneladas y la incautación alcanza los 16 mil kilos por diversas infracciones.

“Esta pesquería es bastante frágil porque es una especie base en la cadena ecológica que sirve de sustento, refugio y alimento a otros recursos como mariscos y peces. De allí que lo único permitido es extraer huiro varado de manera natural, no está autorizado el barreteo o el uso de fierros u otros implementos. Este año hemos incautado 16 toneladas (16 mil kilos) por transporte sin documentación, por extraer sin permiso, por huiro barreteado y en plantas que reciben este recurso indebidamente”, precisó el funcionario.

Esclavos modernos

Margarita Barahona, dueña de la planta picadora Shellfish Ltda. de San Marcos, dice estar consciente del impacto que tienen malas prácticas para la sustentabilidad del alga y la actividad pesquera. “Nosotros revisamos el alga y cuando vienen a vender preguntamos si es varado natural, algunos mienten pero hay que revisarla. Hay mucha gente aquí que subsiste del alga, que tiene a sus hijos estudiando gracias al alga, entonces que cuiden el alga, no la saquen de forma indiscriminada para que esta actividad dure a largo plazo”, precisa.

El aumento del precio a China y Japón – 350 a 400 pesos por kilo de algas- ha generado una intensa presión sobre esta tradicional actividad pesquera.

Gustavo Tapia, pescador artesanal de Río Seco, trabaja hace 20 años en la extracción de algas junto a su familia y una de las situaciones que hoy más les afecta, dice, es la presencia de extractores ilegales que llegan de otras zonas - algunos buscados por la ley o drogadictos- a los que llaman “esclavos modernos”, ya que a diario roban o barretean algas para intermediarios que les pagan en dinero o drogas.

“Estas personas barretean el huiro porque no les interesa el futuro, nosotros pensamos en que dure en el tiempo, que sea una alternativa para la gente de aquí, pero ellos vienen, incluso de la ciudad, trabajan el momento y no quieren nada con la autoridad. Queremos que esto se regule y trabajar un plan de manejo para cultivar en estas áreas donde ellos están desolando las rocas”, dice el pescador artesanal.


Los operativos de Sernapesca continuarán junto a la Armada y servicios policiales por la costa de la región, medida que se complementa con una nueva normativa vigente que limita a 3 toneladas por recolector la extracción mensual de algas para resguardar la sustentabilidad del recurso y frenar malas prácticas como el “blanqueo” de cargas ilegales entre extractores sin permiso y aquellos autorizados que facilitan su acceso al sistema.