Una nueva propuesta del Gobierno para fortalecer la educación pública en Chile, que busca acabar con dos meses de protestas de decenas de miles de escolares, profesores y universitarios, generó desilusión entre los estudiantes, que la consideran insuficiente.
La propuesta, la segunda que entrega desde que estalló el conflicto, acoge una de las principales banderas de lucha de los estudiantes: consagrar en la Constitución el derecho a una educación de calidad, cuya responsabilidad está hoy en manos de los padres.
No obstante, acoge parcialmente el reclamo de acabar con el lucro en la educación -prohibido en la legislación chilena pero burlado a través de resquicios legales- y traspasar la administración de los colegios desde los municipios al Estado central.
Para ello el gobierno propone una Superintendencia que se encargue de verificar que no haya lucro en la educación superior aunque no habla nada de los colegios.
"La respuesta del Gobierno nos deja bastante desilusionados. Creíamos que este nuevo ministro (Felipe Bulnes, nombrado hace un par de semanas) nos iba a entregar respuestas más concretas", señaló este martes el líder estudiantil Camilo Ballesteros.
"No es más que un 'copy paste' (copiar y pegar) de todos los documentos anteriores que se nos habían entregado", añadió el dirigente, quien reafirmó que el viernes estudiantes y profesores entregarán una respuesta oficial.
Para el Gobierno la propuesta contiene las bases para construir un gran acuerdo en Educación, que acabe con la protesta estudiantil que se extiende ya por más de dos meses en Chile, con un centenar de establecimientos ocupados por estudiantes y tres masivas marchas de cerca de 80.000 personas cada una.
El acuerdo "contiene materias importantes para establecer un gran pacto por la educación y lo que corresponde ahora es pasar de las movilizaciones al trabajo", dijo el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
Bulnes reemplazó en el cargo a Joaquín Lavín, cuestionado por estudiantes al ser uno de los fundadores de una universidad privada y quien reconoció haber lucrado con ella.
El tema del lucro es crucial para los estudiantes, que ven en la obtención de ganancias uno de los principales obstáculos para mejorar el acceso y la calidad de la educación chilena, con altos índices de segregación producto de una serie de reformas liberales impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo a menos de la mitad el aporte estatal a este ámbito.
Sus reformas -mantenidas por los gobiernos de centro izquierda que siguieron tras el fin de su régimen- dejaron en manos privadas la mayor parte de la educación chilena e incrementaron hasta casi un 80% el aporte de las familias al financiamiento de la educación superior, uno de los más altos del mundo.
Para financiar sus estudios superiores, los estudiantes chilenos deben hoy endeudarse en costosos créditos con la banca privada, que al final de sus carreras les significan una pesada carga.
La nueva propuesta del Gobierno del presidente Sebastián Piñera plantea además un aumento de las becas y la rebaja de los intereses de los créditos, junto a un fondo adicional de 4.000 millones de dólares (equivalentes al 40% del actual presupuesto de educación) para los próximos cuatro a seis años.
Para expertos, la propuesta del Gobierno es un buen punto de partida pero deja puntos no resueltos como el pedido de los estudiantes de que el Estado nacional se haga cargo de la educación y no los municipios.
"Se hace cargo de una buena parte de los temas que han sido puestos sobre la mesa por los distintos actores del sistema educacional", pero muchas de las propuestas son "muy vagas", señaló el ex ministro de Educación, José Joaquín Brunner.
Para Juan Eduardo García-Huidobro, decano de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, hay aspectos positivos "respecto al financiamiento en educación superior", pero puntos claves "no resueltos", como la 'desmunicipalización'.
