La Corte Suprema decretó el decomiso de
5,1 millones de dólares y propiedades del fallecido dictador Augusto Pinochet,
en el llamado caso Riggs, relativo a las cuentas secretas que éste tenía en
bancos en el extranjero, se informó hoy.
En fallo dividido, los jueces acogieron
el recurso de casación de forma interpuesto por el Consejo de Defensa del
Estado tras la sentencia de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de
Santiago que revocó la resolución del entonces instructor del caso Riggs y juez
especial de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama.
Según difunde hoy El Mercurio, el
tribunal de alzada había sostenido que se acreditó la "sustracción de
fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente al
patrimonio" de Pinochet, pero revocó el fallo de Valderrama ya que la
obligación penal se extingue por la muerte del responsable y determinó la
devolución de dineros y bienes a la familia.
Ahora, tras la resolución del máximo
tribunal, los jueces Milton Juica (presidente), Lamberto Cisternas, Gloria Ana
Chevesich, Andrea Muñoz y Jorge Dahm se reunirán este lunes para afinar los
detalles del decomiso y resolver las propiedades de Pinochet que deberán ser
devueltas al fisco, listado que no está claro.
Además, la Suprema mantendrá las
condenas de primera instancia y que habían sido revocadas por el tribunal de
alzada, a cuatro años de libertad vigilada, decretadas contra uniformados
retirados por malversación de caudales públicos.
Todos ellos acusados de
"sustraer" fondos reservados que tenían a su cargo y que pertenecían
al Presupuesto nacional, que fueron traspasados a cuentas de Pinochet para
"manutención de su familia".
En 2010 un estudio de la Universidad de
Chile determinó que Augusto Pinochet (1973-1990) acumuló una riqueza superior a
21,32 millones de dólares, de los que 17,86 millones no tenían una
justificación contable.
La investigación judicial se abrió en
2004, primero a cargo del juez Sergio Muñoz, después de que una subcomisión del
Senado de Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas en el
Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras.
El descubrimiento se hizo en medio de
las indagaciones abiertas a raíz de los atentados de 2001 en las Torres Gemelas
y el Pentágono.
Al morir, en diciembre de 2006,
Pinochet estaba procesado en el "caso Riggs" por fraude al fisco y
falsificación de pasaportes y desaforado (paso previo al procesamiento) por
malversación de fondos públicos.
En octubre de 2007, el juez Carlos
Cerda, el segundo a cargo del caso, procesó a 23 familiares y colaboradores del
fallecido dictador por malversación de caudales públicos, pero un mes después
la Corte Suprema revocó 15 de los procesamientos.
Esa medida benefició, entre otros, a la
viuda de Pinochet, Lucía Hiriart; a sus cinco hijos; a su antiguo albacea,
Óscar Aitken, y al contable José Sobarzo.
En octubre de 2008, el pleno de la
Corte Suprema de Chile decidió reemplazar a Carlos Cerda por el juez Manuel
Valderrama.
En 2013, el juez Valderrama decidió
cerrar una parte de la investigación que buscaba determinar si el tráfico de
armas fue uno de los métodos con que Pinochet incrementó su fortuna a 21
millones de dólares.
Con ello, quedaron absueltos el
exdirector de la Fábrica de Armamentos del Ejército (Famae) Luis Iracabal, y el
ingeniero y brigadier retirado Gustavo Latorre, ambos procesados por supuestos
pagos de comisiones ilegales a civiles y militares en el marco de la compra de
202 tanques Leopard I que Chile hizo a Holanda en 1998.
Pero quedaron en firme los procesamientos
por malversación de los generales retirados Ramón Castro, Jorge Ballerino y
Sergio Moreno Saravia, y los de los coroneles en igual situación Eugenio
Castillo Cádiz, Gabriel Vergara y Juan McLean, quien este miércoles fueron
absueltos.
Los dos primeros fueron quienes
presuntamente abrieron la primera cuenta de Pinochet en el Riggs, mientras que
Moreno Saravia fue procesado por haber supuestamente traspasado 23.721 dólares
correspondientes a gastos reservados entre dos cuentas.
Fuente: EFE
