Por cerca de 40 minutos y entregando un acucioso detalle que sustenta el planteamiento de contar en forma urgente en la comuna con un Juzgado de Policía Local, el alcalde de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos, expuso ante los miembros de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización de la Cámara de Diputados.
La autoridad asistió a la reunión en Valparaíso, donde también fueron citados otros tres alcaldes de comunas del sur del país, con el fin de conocer la realidad que enfrentan para la creación de este tipo de tribunales.
El alcalde Galleguillos indicó que el proyecto califica como “voluntaria” la posibilidad de creación de dichos tribunales. “La iniciativa postula la creación de 75 Juzgados de Policía Local. En el caso de Alto Hospicio, es una aspiración muy sentida para nosotros, ya que nos permitirá contar con una justicia local cercana, sin inconvenientes de traslado y económicos, ya que actualmente los pobladores deben concurrir a Iquique a la resolución de sus casos judiciales”.
El alcalde indicó que, sin embargo, la iniciativa presenta una serie de inconvenientes que la ponen en jaque. Estas se relacionan con que el proyecto sólo considera la creación de los cargos de juez de Policía Local y secretario abogado, sin considerar nada más respecto a la planta administrativa que se requiere para el funcionamiento de una entidad de este tipo, tales como, actuarios, receptores, entre otros, todos los cuales son indispensables para una brindar una atención expedita a la comunidad. “El proyecto establece que los costos de instalación del tribunal serán financiados por el municipio, lo cual no podrá estar excedido por el límite de gasto anual que establece la legislación vigente. Nosotros pedimos la ampliación de la planta de funcionarios y $50 millones para echar a andar el tribunal, ya que estimamos que la operatividad mensual puede financiarse con el movimiento que se genera en el tribunal, tomando en cuenta que poseemos un parque vehicular de 25 mil móviles. La mayoría de los parlamentarios de la comisión, especialmente, los de la Concertación mostraron mucho interés en solucionar los problemas, aunque existe un desconocimiento de la realidad de las comunas”, sentenció.
Galleguillos indicó que es una aberración no considerar personal en la iniciativa para el funcionamiento del tribunal. “Ostentamos una población que supera los 90 mil habitantes y, en contraste, poseemos una exigua planta municipal que se encuentra totalmente copada y todos los cargos contemplados allí ya que se encuentran prestando servicios en otras áreas de la casa consistorial, por lo tanto, no podríamos desviarla hacia el tribunal. Si el proyecto no es corregido va directo al fracaso, pero está la voluntad de modificar, aunque los cambios podrían concretarse en el largo plazo”, adujo.
La autoridad comunal argumentó que en paralelo, los abogados de la casa consistorial se encuentran realizando un estudio tendiente a determinar qué límites tiene un alcalde para dirimir en materia de contravenciones. “Lo que buscamos es dejar de depender de los tribunales de Iquique, ya que debemos pagarle un 20% de las multas que se aplican. Queremos tener autonomía en esta materia y generar nuestros propios ingresos en este tribunal”.
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización es encabezada por el diputado Enrique Estay, al cual se unen los parlamentarios: Claudio Salamanca, Gabriel Ascencio, Germán Becker, Cristián Campos, Ramón Farías, María José Hoffmann, Luis Lemus, Celso Morales, Sergio Ojeda, Marcela Sabat, Marcelo Schilling y Felipe Ward.
