Desarrollar un plan de acción sólido, que permita una rápida implementación de las obligaciones de la Convención sobre Municiones en Racimo, que entrarán en vigencia el próximo 1 de agosto, es el objetivo de la conferencia global que desde hoy lunes y hasta el sábado se desarrollará en Santiago de Chile, y en la que participan cerca de 300 representantes de gobierno y ONG’s de diversos países del orbe.
La iniciativa, organizada por los gobiernos de Chile y Noruega, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), representa una plataforma de discusión y acuerdos vinculantes para los 106 países firmantes del tratado –entre ellos Chile-, desde que se realizara la firma de la Convención sobre Municiones en Racimo en diciembre de 2008 en Oslo, Noruega; y que permitirá sentar las bases para la Primera Reunión de los Estados Parte del tratado, a realizarse del 8 al 12 de noviembre en la República Democrática Popular Lao.
Para Thomas Nash, coordinador de la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC), este encuentro es una gran oportunidad para “los países que se reúnen en Chile, ya que tienen la oportunidad única de idear propuestas ambiciosas para traducir las obligaciones legales en acciones reales. Además tenemos un fuerte tratado que prohíbe las municiones en racimo y ahora debemos combinarlo con un plan de acción para ayudar a las víctimas, destruir las reservas y limpiar la tierra”.
Cabe destacar que la Convención prohíbe el empleo, producción, almacenamiento y transferencia de municiones en racimo, establece plazos estrictos para limpiar la tierra contaminada (dentro de diez años) y destruir reservas del arma (dentro de ocho años) e incluye provisiones innovadoras para la asistencia a las víctimas y las comunidades afectadas.
Al respecto, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas, quien intervino en la inauguración de la conferencia mundial, señaló que “nosotros en Chile no tenemos personas que hayan sido afectadas; y si bien en algún momento Chile fue productor de bombas de racimo, hoy está casi en el pasado”.
Si bien Chile, que solía producir municiones en racimo, firmó la Convención y recientemente aprobó la legislación para ratificarla, estará obligado a destruir las bombas en racimo que mantiene en stock el Ejército, y las cuales ascienden a un total de 249 municiones, según información que fue entregada por el director del Centro Zona Minada y representante en Chile de CMC, Elir Rojas, durante su intervención en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado en mayo pasado.
De hecho, la CMC está exhortando a Chile y al vecino Perú a establecer planes claros para destruir sus reservas de bombas en racimo.
Tarapacá
Pese al avance que significa la Convención sobre Municiones en Racimo, para Elir Rojas el tema no es menor, toda vez que -en su opinión- Chile sí es un país afectado por esta situación.
A su juicio, y contrario a la opinión del subsecretario de las Fuerzas Armadas, para Rojas nuestro país tiene a su haber un total de 29 víctimas de bombas en racimo, tras la trágica explosión que ocurrió en la planta Cardoen en Alto Hospicio el 25 de enero de 1986, cobrando la vida de trabajadores y operarios; y el daño y dolor que dicha tragedia provocó a los familiares de las víctimas.
“La convención de Oslo llama a no discriminar a estas víctimas, debido a que no hace distingo entre una persona o un soldado que fallece producto de una guerra o un conflicto declarado, o en tiempos de paz al explotar estas bombas en cualquier circunstancia. En consecuencia, la explosión de la planta Cardoen demuestra el nivel de peligro, riesgo y destrucción de las familias afectadas, ya que en esa planta los trabajadores fallecieron mientras fabricaban estas bombas. Además, esta situación se ve refrendada porque el Estado de Chile autorizó la instalación de la fábrica, y la producción, venta y exportación de bombas de racimo”.
Agregó que otro factor asociado a este hecho es que se comprueba la existencia de víctimas civiles e inocentes, en tiempos de paz. “Es por ello que no estamos de acuerdo con quienes dicen que esto es un problema “entre privados”; es decir, un problema laboral entre esos 29 trabajadores muertos y el dueño de la empresa. Por lo tanto, el Estado debe reconocer a estas víctimas”.
Asimismo, señaló que sin perjuicio de lo anterior, la Región de Tarapacá es una de las zonas más afectadas a nivel país.
“La tarea más grande que se debe llevar a cabo es determinar con exactitud, de acuerdo a la Convención de Oslo, los sectores en Tarapacá que están contaminados con municiones en racimo, producto de los ejercicios militares y las maniobras de testeo de dichas municiones que se han realizado en la región por años, a objeto de determinar el nivel de riesgo que existe para la población civil”.
