Luego de la primera entrega del informe de la Comisión Valech, el año 2006 en el gobierno de Ricardo Lagos, ayer la comisión oficializó un nuevo documento, actualizado a la fecha, el que contempla 32 mil nuevos casos de violaciones a los Derechos Humanos.
La cifra superó con creces las expectativas de la investigación, por lo que su plazo debió extenderse por seis meses, resultado que acreditó 9 mil 800 nuevas víctimas directas de torturas y prisión política, que se suman a las 27 mil 255 reportadas inicialmente, además de 30 nuevos casos de desaparecidos y ejecutados, que se agregan a los 3 mil 195 certificados en la primera versión del documento.
Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, informó de la recepción oficial del Presidente Sebastián Piñera sobre los resultados de una nueva etapa en la investigación por víctimas no contempladas de la dictadura. “Nosotros acabamos de entregarle el informe al Presidente, él es el depositario de la información y el listado de víctimas que fueron calificados. Él nos ha agradecido el informe, señaló que esto es un nuevo aporte a cómo la sociedad chilena ha ido abordando el tema de las violaciones a los Derechos Humanos, indicó que se tomará un tiempo prudente para leerlo y después lo comunicará al país”, declaró.
En esta dirección, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, informó que el Mandatario se tomará un tiempo breve pero razonable para emitir el decreto que legitima la nueva investigación. El secretario de gobierno sostuvo que “el Presidente de la República me ha encargado reconocer y valorar el trabajo de la comisión que ha concluido su mandato legal. El Presidente ha recibido a la comisión en la brevedad posible, y en la brevedad posible de leer el informe se dictará el decreto respectivo. Nosotros esperamos que este informe contribuya también a la paz y a la reconciliación”.
Luego de un trabajo de 18 meses, cerca de 32 mil nuevos casos fueron receptados en la comisión, y poco menos de un tercio de ellos es certificado como víctima directa. La cifra permitirá que las nuevas víctimas se incluyan en los programas de reparación estatal.
Al respecto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó que investigaciones de esta magnitud no deriven en resultados de los distintos procesos judiciales, siendo esa la real compensación que buscan quienes fueron víctimas de la represión del gobierno militar.
“Aquí hay un tema fundamental que viene de las comisiones anteriores, que califican víctimas pero no hay victimarios. Recordemos que hay una ley que esconde el nombre de los genocidas, entonces no es un Estado que intenta hacer justicia, sino que siente que esto es caridad, es un favor, sin asumir la responsabilidad y la obligación de dar respuesta a las víctimas y no seguir sometiéndolas a maltratos sicológicos permitiéndole impunidad a los genocidas”, sostuvo Pizarro.
En 1991, un informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig por el jurista Raúl Rettig, certificó 2.296 casos de desaparición forzada y ejecuciones. En 2003 se creó la comisión presidida por el obispo Sergio Valech para esclarecer la identidad de personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas durante la dictadura.
