lunes, 13 de abril de 2015

Seremi de Gobierno: “Hoy podemos asegurar la libertad, el derecho y el respeto que cada pareja de convivientes merece”

Lo que muchos anhelaban, por fin se hizo realidad, luego que la Presidenta Michelle Bachelet promulgara la Ley sobre Acuerdo de Unión Civil (Ley Nº 20.830), que reconoce y formaliza el vínculo de convivencia tanto en parejas heterosexuales como homosexuales.

Es por ello que para el Seremi de Gobierno, Luigi Ciocca, la materialización de esta iniciativa, que entrará en vigencia en seis meses más, viene a resolver el dilema que, por años, marcó una fuerte segregación y discriminación contra quienes vivían una relación de pareja fuera de los cánones sociales.

“Como sociedad, sin duda, que hemos dado un gran paso con la materialización de esta ley, porque con ella podemos asegurar la libertad, el derecho y el respeto que cada pareja de convivientes merece y, al mismo tiempo, reconocer y proteger los derechos que le corresponden en virtud de esta relación de pareja y de la familia que muchos han construido, evitando con ello el quedar en una completa indefensión”.

Al respecto, el vocero regional también enfatizó un aspecto no menor de esta ley, que apunta a fortalecer la inclusión social de las parejas de convivientes de heterosexuales y homosexuales, por cuanto al reconocer la ley la unión civil, “hoy también hemos avanzado en ponerle fin a la discriminación y la exclusión social, pues la ley reconoce que las dos personas serán consideradas parientes, tanto con su pareja como con los familiares de ella y podrán exigir que se cumplan todos los derechos que la ley contempla para los familiares próximos”.

Acotó que el reconocimiento legal de los derechos de la pareja tendrá efectos en todos los ámbitos de la unión civil. De esa forma, el poder ver a su conviviente en caso de hospitalización, decidir los procedimientos médicos o determinar qué ocurre con los restos de la otra persona, en caso de fallecimiento.


Además de regular los bienes de quienes conviven, establecer que uno de los convivientes civiles sea carga del otro tanto en el sistema público como privado de salud, y ser herederos uno del otro, pudiendo recibir el desahucio y último sueldo el conviviente sobreviviente.