El Congresista
pide que el criterio para aplicar bono mensual en las zonas extremas, asociado
a mayor costo de vida, se aplique, en efecto, a todas las regiones que tienen
esa calidad y no sólo a Magallanes.
El
Senador Jorge Soria solicitó al Senador Carlos Montes, Presidente de la Cámara
Alta, para que a su nombre oficie a los Ministros de Educación y de Hacienda,
“con la finalidad de consultar su opinión y disposición para solucionar el
grave problema que aqueja a las trabajadoras que desempeñan funciones como
manipuladoras de alimentos para las empresas concesionarias de la Junta de
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), en las regiones extremas del país”.
En
efecto, el parlamentario, al tomar conocimiento de la movilización de las
manipuladoras, quienes demandan que se les considere con el pago del bono
mensual asociado a mayor costo de vida, se aplique en derecho, en todas las
zonas extremas y no solo en Magallanes.
Expresó
el congresista que decidió actuar de inmediato, al tomar conocimiento del
conflicto social que afecta a las trabajadoras manipuladoras de alimentos, para
que prime la racionalidad y se tenga a la vista que la Constitución Política
garantiza la no discriminación arbitraria.
En
el Oficio, el Senador Soria señala que
las trabajadoras han sido afectadas por la aprobación en la Ley de Presupuesto
Vigente, de una glosa, la N° 12, de la Partida 09, Capítulo 09, del Ministerio
de Educación, que establece el pago de un bono mensual de 100 mil pesos, por
mayor costo de vida, sólo para las trabajadoras que cumplen funciones
exclusivamente en la Región de Magallanes, dejando fuera a sus pares de que
cumplen idénticas funciones en las regiones de Tarapacá, Arica-Parinacota y Aysén,
lo que es contrario al derecho a la no discriminación arbitraria, que consagra
nuestra Constitución Política de la República”.
Solicita
el parlamentario que se haga presente, mediante el Oficio que solicita que
emita el Congreso, “que este parlamentario no niega la posibilidad de
establecer bonos como el aprobado en la Ley de Presupuestos del año 2018 para
los trabajadores que deben enfrentar el mayor costo de vida asociado a residir
en una zona extrema, pero esto en ningún caso puede hacerse discriminando entre
los trabajadores del país”.
Y
añade que, más aún “donde existe una misma razón, debe tener una misma
disposición y, en este caso, ese principio esencial de racionalidad jurídica y
política se ha perdido y corresponde a las autoridades en ejercicio de sus
cargos, solucionar esta situación de conflicto social que comienza a
manifestarse en movilizaciones que amenazan con la continuidad misma del
servicio de alimentación de los niños y jóvenes estudiantes más vulnerables del
país”.
